Empresario busca embargo millonario contra Banorte en Tampico. El empresario tamaulipeco Ernesto Juárez del Ángel comenzó el procedimiento para hacer efectiva una sentencia judicial que obliga a Banorte a pagarle más de 2.1 millones de pesos por gastos legales. Luego de un litigio mercantil que se extendió por más de cuatro años.
De acuerdo con su versión, el conflicto legal inició en el año 2021, cuando la institución bancaria lo demandó para exigir el pago de 10 millones 966 mil 396 pesos con seis centavos. En ese proceso, Banorte obtuvo como medida precautoria el embargo de dos propiedades del empresario local.
Para responder legalmente, Juárez del Ángel contrató a los abogados Juan Ramón Montellano Mendoza y Marisela Curiel Bautista. Ambos acreditaron ante la autoridad judicial que el banco ya no tenía derecho sobre el crédito reclamado, pues éste había sido cedido previamente a Sólida Administradora de Portafolios.
A partir de esos argumentos, en el mes de agosto de 2022 un juez resolvió a favor del empresario. La autoridad determinó que Banorte no tenía legitimación para cobrar la deuda, pero en esa sentencia no se ordenó el pago de los gastos y costos generados por el juicio.
Por ello, la defensa del empresario promovió un amparo directo. El cual fue resuelto a su favor en marzo de 2025. Después de esa resolución, se ordenó a la institución financiera cubrir los costos judiciales derivados del procedimiento legal.
En Tampico, empresario busca embargo contra Banorte tras fallo judicial
Por su parte, Juárez del Ángel señaló que Banorte intentó revertir la decisión mediante distintos recursos legales. No obstante, los tribunales desecharon esos recursos. Por lo que la sentencia quedó firme y obliga al banco a pagar 2 millones 193 mil 279 pesos con 20 centavos.
“La sentencia está firme y definitiva. Desde 2022 existe una resolución favorable, pero el banco ha agotado todas las instancias posibles para retrasar el cumplimiento”, expresó.
Asimismo, el empresario aseguró que, aunque la resolución ya es definitiva, Banorte no ha cumplido con el pago de manera voluntaria. Ante a esa situación, inició el procedimiento de ejecución para localizar y embargar bienes suficientes que permitan garantizar el cumplimiento de la sentencia.
También mencionó que el proceso legal ha tenido diversas demoras por los constantes cambios de jueces. Según explicó, esto ha afectado la emisión de solicitudes a distintas autoridades. Entre ellas la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, para identificar activos que puedan ser embargados.
De igual manera, Juárez del Ángel informó además que sostiene otro litigio relacionado con Banorte. Según su versión, el banco demandó a una de sus empresas y después cedió el crédito a Sólida Administradora de Portafolios.
Además, el empresario afirmó que dicha empresa remató tres inmuebles propiedad de la compañía y posteriormente devolvió los derechos del juicio a Banorte. También sostuvo que el banco vendió después esos derechos a una empresa llamada Renovi.
Aun así, aseguró que Banorte continúa reclamando judicialmente la entrega de los inmuebles. Pese a que, desde su postura, ya no tendría legitimidad jurídica para hacerlo.
Sentencia judicial avanza por cobro millonario
Como parte del procedimiento de ejecución, durante la mañana de este lunes una actuaria judicial acudió a una sucursal de Banorte ubicada sobre la prolongación de la avenida Hidalgo. En la colonia Lomas del Rosales, en Tampico, Tamaulipas.
La actuaria estuvo acompañada por elementos de la Guardia Estatal y representantes legales del empresario, con el principal objetivo de notificar una orden de embargo al centro bancario. Sin embargo, de acuerdo con los involucrados, el personal de la institución bancaria no permitió el ingreso de las autoridades judiciales para poder realizar la diligencia correspondiente.
Tras ello, se informó que este próximo martes las autoridades regresarán a la sucursal para continuar con el procedimiento. Si nuevamente se impide el acceso al centro bancario, se contempla la intervención de un cerrajero para ejecutar la orden judicial y continuar con las acciones de embargo ordenadas por los tribunales.
