El Gobierno federal reconoció que la reciente reforma constitucional impulsada para limitar las llamadas “pensiones doradas” contiene una contradicción interna que impide aplicar uno de sus cambios clave: el que buscaba reducir a la mitad el tope de los retiros.
El problema quedó al descubierto en un oficio fechado desde el pasado 9 de junio. En el documento, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que la modificación al artículo 127 de la Constitución fijó dos límites que sencillamente no chocan bien entre sí. Por un lado, se establece que ningún servidor público en activo puede ganar más que la presidenta Claudia Sheinbaum. Por el otro, se pretendía congelar las pensiones en un tope equivalente a la mitad de ese sueldo.
Reforma a “pensiones doradas” presenta clara contradicción
La Consejería Jurídica dejó claro que acatar ambas reglas al mismo tiempo es inviable. Esto, por la naturaleza misma del cálculo del retiro.
“Ambas disposiciones no pueden aplicarse simultáneamente (…) en virtud de que la pensión se calcula, ordinariamente, a partir del salario o remuneración obtenidos durante la etapa laboral activa”, indica el documento.
¿Cómo queda el tope para los jubilados?
Reforma a “pensiones doradas” presenta clara contradicción. —Ante este dilema técnico—, Luisa María Alcalde sostuvo que debe prevalecer la lógica y la continuidad entre el salario en activo y la pensión. Por esta razón, el límite real que se aplicará —tanto para los actuales jubilados como para las futuras jubilaciones— será el sueldo íntegro de la presidenta. Dejando sin efectos prácticos el recorte del 50 por ciento. Aunque siga redactado en el texto constitucional que aprobó el Congreso.
Con esta precisión, las dependencias federales continúan pagando los retiros de alto nivel con un tope máximo de 134 mil 290 pesos mensuales netos (el ingreso de la mandataria), en lugar de ajustarlo a la mitad de esa cifra como proyectaba el texto original.
Reforma a “pensiones doradas” presenta clara contradicción. La iniciativa fue presentada por Claudia Sheinbaum el 3 de marzo. Como una pieza clave de su política de austeridad y avanzó en ambas cámaras sin que le cambiaran una sola coma. En aquel momento, la Consejería Jurídica estaba a cargo de Esthela Damián. La cual dejó el puesto el 30 de abril antes de ser sustituida por Luisa María Alcalde. A quien le tocó resolver la falla en la aplicación de la norma.
