Cárcel en Tamaulipas a escuelas sin registro oficial. Estudiar una carrera o completar un nivel educativo exige años de esfuerzo, tiempo y sacrificio económico. Por lo que el Congreso del Estado de Tamaulipas acaba de recibir una propuesta para frenar a las instituciones privadas que operan en la sombra.
Cabe destacar que la propuesta la presentó el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, representante del Distrito 12 e integrante del Grupo Parlamentario de Morena. De hecho planteó reformar el primer párrafo del artículo 189 Ter del Código Penal para el Estado de Tamaulipas.
Cárcel en Tamaulipas a escuelas sin registro oficial: ¿En qué consiste la iniciativa?
El objetivo principal es blindar a los estudiantes frente a establecimientos que ofrecen servicios educativos sin contar con la autorización correspondiente ni con el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
Asimismo la iniciativa deja en claro que cualquier particular que imparta clases en la entidad debe contar sí o sí con el aval previo de las autoridades. Además con instalaciones seguras, dictámenes de protección civil y planes de estudio en regla.
Sin embargo el problema radica en que varios planteles siguen captando alumnos sin haber tramitado el RVOE. En consecuencia esto golpea fuerte el bolsillo y el futuro académico de quienes confían en que, al terminar su ciclo, recibirán un título o certificado legítimo.
De hecho la frustración suele estallar años después, cuando el egresado intenta graduarse o incorporarse al mercado laboral y descubre que su escuela carecía de permisos. Por lo tanto se busca endurecer la ley y castigar con cárcel en Tamaulipas a escuelas sin registro oficial.
Además el legislador argumentó que las sanciones vigentes se quedan muy cortas ante el impacto negativo que sufren los jóvenes. Asimismo la afectación no es solo financiera por el cobro de colegiaturas, sino también emocional y profesional. Al perder años invertidos en aulas que no tienen respaldo institucional.
Por último el proyecto de reforma contempla penas de cuatro a ocho años de prisión. De igual manera multas que van de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Por Enrique Jonguitud Blanco
