La controversia por la reforma al Código Municipal de Tamaulipas podría trascender al ámbito estatal y convertirse en un referente nacional sobre los derechos político-electorales. Señaló Arcenio Ortega Lozano.
El comisionado político del Partido del Trabajo (PT) en Tamaulipas explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Volvió a solicitar la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la modificación aprobada al marco municipal. La reforma impugnada limita el acceso a cargos públicos municipales para personas vinculadas a proceso con prisión preventiva. Aunque todavía no exista una sentencia condenatoria definitiva.
Ortega Lozano señaló que el Tribunal Electoral revisará el expediente SUP-OP-11/2026. Relacionado con la acción de inconstitucionalidad promovida contra el Decreto 66-1146. Mediante el cual fue reformado el Código Municipal de Tamaulipas para la reforma.
“Esta reforma restringe el acceso y permanencia en cargos municipales a personas vinculadas a proceso con prisión preventiva, aun sin una sentencia firme, y eso no es equitativo y se presta a intenciones de afectar a contrincantes políticos”, señaló.
El representante del PT indicó que la modificación establece impedimentos para que personas sujetas a proceso por delitos dolosos. Cuando tengan como medida cautelar la prisión preventiva, puedan participar como candidatas a presidencias municipales, sindicaturas o regidurías.
“Hemos sostenido que esas disposiciones vulneran el derecho político-electoral de ser votado, al establecer una restricción antes de que exista una sentencia condenatoria firme, lo que contraviene el principio de presunción de inocencia”, expresó.
El debate jurídico definirá si una persona puede perder derechos políticos sin una sentencia firme que determine su responsabilidad. Ortega Lozano agregó que la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral no será obligatoria para la Suprema Corte. Aunque representa un análisis especializado que puede ser tomado en cuenta por los ministros.
“Aunque la opinión que emita la Sala Superior del Tribunal Electoral no será vinculante para la Suprema Corte, sí aportará un análisis especializado que suele ser considerado por los ministros al momento de resolver este tipo de controversias”.
La resolución que emita la Suprema Corte podría tener efectos más allá de Tamaulipas, al establecer criterios sobre la presunción de inocencia y las restricciones para ocupar cargos públicos en otras entidades del país.
Por José Saldaña
