El Senado analiza una iniciativa para reconocer de manera expresa el “embarazo infantil forzado” en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La propuesta busca garantizar atención prioritaria a niñas de entre 10 y 14 años que enfrentan embarazos de alto riesgo.
Buscan en el Senado tipificar el embarazo infantil forzado. En este contexto, la senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Alejandra Barrales, presentó la reforma ante el aumento de casos de violación y matrimonios infantiles en México. Con ello, señaló que algunas niñas llegan a los servicios públicos de salud sin recibir atención oportuna, pese a los riesgos que enfrentan.
Dicho proyecto plantea definir las obligaciones de las instituciones de salud, educación y asistencia social. Así como también establecer un protocolo para atender estos casos.
“Garantizarles de inmediato atención médica, psicológica, especializada, acompañamiento a todas estas niñas”, indicó en tribuna la senadora por Movimiento Ciudadano.
Buscan en el Senado tipificar el embarazo infantil forzado
La iniciativa, que fue turnada a comisiones, señala que durante 2025 se convirtieron en madres 7 mil 887 niñas de entre 10 y 14 años en México, —según datos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)—.
“Eso nos da un promedio de 22 niñas cada día que enfrentaron un embarazo cuando lo que les tocaba era estudiar, jugar y crecer en un entorno seguro. Empiezo con esta cifra justo porque esto nos obliga a ver algo que hoy, por desgracia, hemos normalizado”, dijo Barrales.
Igualmente, la legisladora naranja sostuvo que un embarazo a esas edades no puede considerarse una situación normal ni una decisión propia o consentida. Por ello, explicó que la edad y el desarrollo de las niñas las colocan en una condición de especial vulnerabilidad. Frente al tema del acoso y la violencia sexual.
Buscan en el Senado tipificar el embarazo infantil forzado. Por ello, pidió una respuesta inmediata de las instituciones y una atención que considere las necesidades de cada caso. Como ejemplo, mencionó que una niña de 10 años llegó a un hospital de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con un parto prematuro y complicaciones graves.
De igual modo —expuso— el caso de una niña de 11 años atendida este año en Matamoros, Tamaulipas. Cuando tenía cinco meses de embarazo. Barrales atribuyó esta situación a la violencia sexual.
“En este caso, la interrupción se hizo conforme a los protocolos legales y a los protocolos médicos con los que se cuenta. Y eso es justo lo que hoy tenemos que garantizar, que cuando se presenten estos casos, haya protocolos, haya legalidad y haya una norma para poder atender a todas estas niñas”, finalizó.
