Blanca Narro destaca revisión de la inversión extranjera. Con 314 votos a favor y 117 en contra, el pleno de San Lázaro aprobó en lo general, el 27 de octubre, modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera. El dictamen incorpora una revisión de operaciones con capital extranjero en compañías mexicanas de sectores estratégicos que puedan comprometer la seguridad nacional.
Entre los cambios figura la obligación de solicitar permiso a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) para adquirir más del 49 por ciento del capital de una empresa nacional. Este requisito aplicará cuando la operación reúna los criterios de actividad estratégica y alcance el monto de activos que fije ese organismo.
Para responder a las solicitudes, la comisión contará con 45 días hábiles. Tras la evaluación, podrá dar luz verde a la adquisición, imponer condiciones que reduzcan los riesgos detectados o rechazarla por motivos de seguridad nacional.
Diputados avalan revisión de operaciones de inversión extranjera
Al explicar el contenido del dictamen, la diputada federal por Tamaulipas, Blanca Narro Panameño, resaltó que la propuesta amplía las atribuciones de la CNIE. También define los pasos para analizar determinadas compras empresariales.
“La protección de la seguridad nacional y de la infraestructura estratégica debe ir de la mano con un marco legal que permita evaluar las inversiones con reglas claras y procedimientos definidos”, señaló Blanca Narro.
El alcance de la revisión abarca actividades de energía, transporte, telecomunicaciones y minería. También comprende infraestructura digital, almacenamiento y tratamiento de datos. Además de áreas relacionadas con tecnologías críticas.
Asimismo, las modificaciones incorporan a más dependencias federales en el análisis de las operaciones. La CNIE, por su parte, deberá entregar al Congreso reportes cada seis meses sobre su actuación.
“Esta reforma establece mecanismos para identificar posibles riesgos sin cerrar la puerta a la inversión extranjera, mediante evaluaciones que permitan determinar cuándo una operación puede autorizarse y cuándo requiere medidas de mitigación”, agregó Narro Panameño.
