Proponen dar valor laboral al servicio social en Tamaulipas. El Congreso de Tamaulipas analiza una propuesta para que el servicio social funcione como un verdadero antecedente laboral al momento de buscar el primer empleo. La diputada de Morena, Francisca Castro Armenta, presentó esta iniciativa, con la intención de darle un valor oficial a las destrezas que los jóvenes adquieren mientras prestan este servicio.
La idea central es modificar la Ley de Educación de Tamaulipas. Obligando a las instituciones que reciben a los estudiantes a extender constancias detalladas sobre los conocimientos, capacidades y habilidades que pusieron en práctica. Para que puedan presentarlas como parte de su trayectoria al postularse a un puesto de trabajo.
Buscan que el servicio social tenga reconocimiento laboral para jóvenes en Tamaulipas
Castro Armenta comentó que, si bien el servicio social es un requisito formativo en los niveles medio superior y superior, terminarlo no garantiza hoy que esas tareas cuenten formalmente como experiencia frente a las empresas.
“las instituciones receptoras del servicio social deberán entregar a las y los prestadores una constancia formal, en la que se describan las competencias, destrezas y conocimientos desarrollados durante dicho periodo, reconociéndose estos como antecedentes válidos de experiencia profesional para efectos de su futura inserción laboral”.
El proyecto busca resolver una de las barreras más comunes para los recién graduados. Quienes suelen toparse con vacantes para principiantes que de entrada solicitan experiencia previa.
En caso de que el pleno la apruebe, los egresados dispondrán de documentos que avalen que ya cuentan con destrezas prácticas y preparación obtenida en centros de trabajo.
La iniciativa contempla también que el sector educativo, junto con las instituciones involucradas, diseñe esquemas para certificar el servicio social y actividades afines como parte del historial profesional.
De acuerdo con la legisladora, este cambio ofrecerá mayor certidumbre y mejores oportunidades a los estudiantes sin generar costos para las finanzas públicas. Debido a que el trámite y la expedición de los documentos quedará a cargo de las instituciones donde se preste el servicio.
Por ahora, el dictamen continúa bajo estudio en las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos. En donde se prevé que cuente con el respaldo de las y los diputados.
Por Enrique Jonguitud Blanco
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