El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar insistió en investigar el presunto manejo irregular de recursos públicos durante la administración de Samuel García Sepúlveda en Nuevo León. El legislador de Morena recordó que desde octubre de 2025 alertó sobre posibles operaciones de facturación falsa y triangulación de recursos en Nuevo León.
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados calificó el presunto esquema como una ‘estafa regia’. Según explicó, habría involucrado movimientos de dinero entre distintas empresas para dificultar la identificación de su procedencia.
Ramírez Cuéllar exige investigar la triangulación de recursos en Nuevo León y deslindar responsabilidades
Las advertencias del legislador cobraron relevancia después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectara presuntas irregularidades por triangulación de recursos en Nuevo León. Los resultados aparecen en el segundo informe de revisión de la cuenta pública de 2025. Además, la ASF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR). La denuncia involucra más de 7 mil 200 millones de pesos.
Ramírez Cuéllar destacó que el informe de fiscalización identificó cuatro mecanismos de transferencia de recursos públicos mediante diferentes empresas. A través de esas operaciones, 928.13 millones de pesos habrían terminado en un despacho jurídico vinculado con el gobernador y su padre.
Las operaciones de triangulación de recursos en Nuevo León habrían facilitado la compra de un rancho de mil millones de pesos. El diputado sostuvo que los hechos requieren una investigación seria y no deben reducirse a diferencias entre fuerzas políticas.
“Se trata de señalamientos de enorme gravedad sobre el posible uso del presupuesto público para favorecer intereses particulares”.
Este domingo, Ramírez Cuéllar pidió a la FGR esclarecer los hechos.
“Investigar exhaustivamente la ruta del dinero, identificar a los beneficiarios finales, determinar la legalidad de las operaciones y, de acreditarse conductas delictivas, proceder contra todos los responsables, sin excepciones”.
También pidió que las autoridades conduzcan las indagatorias por triangulación de recursos en Nuevo León sin favorecer a ningún involucrado. Sobre este punto, reiteró:
“La exigencia es clara: investigaciones rápidas, exhaustivas e independientes, sin encubrimientos ni privilegios para nadie. Ningún gobernador, legislador, funcionario público o empresario puede colocarse por encima de la ley. Los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía y deben destinarse al bienestar colectivo, no al enriquecimiento de particulares ni a la consolidación de redes de intereses políticos y económicos”.
Ramírez Cuéllar ya había solicitado una auditoría
El legislador recordó que el 29 de julio pasado presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por la triangulación de recursos en Nuevo León. Con esa propuesta solicitó a la ASF una auditoría integral sobre los recursos federales entregados y ejercidos por el gobierno de Nuevo León.
La petición puso especial atención en los contratos de prestación de servicios y los relacionados con la ejecución de obra pública. El pleno aprobó la solicitud el 19 de agosto. Ramírez Cuéllar destacó que el órgano fiscalizador atendió el planteamiento y realizó las revisiones correspondientes.
La ASF denunció penalmente ante la FGR. Ahora, el Ministerio Público deberá investigar las operaciones, rastrear el dinero y establecer las posibles responsabilidades. También recordó que el 30 de octubre propuso reformar el artículo 109 constitucional. La propuesta busca eliminar el fuero y fortalecer el juicio político. Su objetivo es impedir que funcionarios y legisladores utilicen la inmunidad constitucional como protección frente a posibles delitos. Ramírez Cuéllar pidió frenar la corrupción y combatir la impunidad.
“México no puede permitir que el poder político se convierta en un refugio frente a la justicia. Combatir la facturación falsa, desarticular las redes de triangulación de recursos públicos y eliminar los privilegios que favorecen la impunidad son tareas indispensables para recuperar los recursos desviados y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones”, expuso.
