La posibilidad de que antiguos servidores públicos de Tamaulipas enfrenten sanciones que afecten sus aspiraciones electorales en 2027 dependerá de las autoridades competentes. Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), explicó que las resoluciones corresponden al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) sobre la inhabilitación de funcionarios públicos de Tamaulipas.
Actualmente, el Tribunal tiene en sus manos 102 expedientes relacionados con posibles irregularidades graves. A partir de su revisión, determinará las medidas aplicables y quiénes podrían quedar impedidos para ocupar cargos públicos.
Tribunal analizará la inhabilitación de funcionarios públicos de Tamaulipas rumbo a 2027
Para emitir sus resoluciones, dicho organismo deberá considerar las evaluaciones, los dictámenes y las disposiciones jurídicas correspondientes ante la inhabilitación de funcionarios públicos de Tamaulipas. Sobre las consecuencias que podrían enfrentar los involucrados, Pedraza Melo aclaró que la legislación contempla distintas medidas disciplinarias.
“La ley les marca que tienen varios tipos de sanciones que pueden aplicar. La inhabilitación es una, pero también pueden imponer sanciones económicas u otras que les establece la ley”, señaló.
Por otra parte, la Secretaría Anticorrupción cuenta con facultades para intervenir en determinadas faltas administrativas, como la inhabilitación de funcionarios públicos de Tamaulipas. Entre las medidas previstas figuran advertencias públicas o privadas, separaciones temporales, destituciones y restricciones para ejercer funciones públicas.
Sin embargo, la dependencia únicamente puede establecer inhabilitaciones de hasta un año. El Tribunal, por su parte, tiene atribuciones para fijar periodos superiores, además de ordenar suspensiones o destituciones. En cualquiera de estos procedimientos, las autoridades deben garantizar el respeto al debido proceso antes de establecer responsabilidades.
En cuanto al trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, la funcionaria detalló que existen 47 denuncias presentadas por posible inhabilitación de funcionarios públicos de Tamaulipas. Estas involucran tanto a integrantes del gobierno anterior como a servidores públicos que continúan desempeñando sus funciones.
La instancia investigadora mantiene la integración de las carpetas correspondientes y deberá proceder conforme a las disposiciones legales. Asimismo, Pedraza Melo precisó que el 90 por ciento de los asuntos remitidos al Tribunal y de las denuncias presentadas ante la Fiscalía corresponden a la pasada administración estatal.
La secretaria también destacó que los plazos legales representan un factor importante para dar seguimiento a cada procedimiento de inhabilitación de funcionarios públicos de Tamaulipas. Por ello, las autoridades prestan atención a los casos cuyo tiempo para ejercer acciones legales está próximo a vencer.
“Es importante tener presente que, por ejemplo, un expediente tiene un periodo de prescripción. De ahí que el 90 por ciento de los temas que se han turnado a las instancias son de la administración anterior, por eso se tiene que llevar en la cronología, en el tiempo, lo que está por prescribirse, que es a lo que se le está dando atención”, apuntó.
De esta manera, cualquier determinación sobre posibles inhabilitaciones o consecuencias penales quedará sujeta a las resoluciones de las instancias correspondientes de inhabilitación de funcionarios públicos de Tamaulipas. Esto también aplicará para los exfuncionarios investigados que tengan intención de buscar una candidatura durante el proceso electoral de 2027.
Por Jordan Espinosa
