Ciudad de México / Redacción:
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que han iniciado un proceso de análisis para presentar una nueva denuncia contra Rosario Robles Berlanga, debido a que se han detectado 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Entrevistado en el Senado de la República en el marco de la inauguración del foro Violencia Sexual Infantil y Adolescente: retos legislativos”, el funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que la detención de la ex funcionaria federal representa la transformación relevante que se tiene para el combate decidido contra la corrupción.
“En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos desarrollando un proceso de análisis de la información que se cuenta y se han detectado con la Secretaría de Bienestar 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República (FGR)”.
“Estamos iniciando un proceso de análisis para la presentación de la denuncia correspondiente”, agregó.
El funcionario federal precisó que esos convenios equivalen a un monto de más 800 millones de pesos, y aseguró que se presentarán nuevas denuncias porque se trabaja para que ningún caso de corrupción quede impune.
Base para congelar cuentas
Estos casos, explicó, sirvieron de base para el congelamiento de cuentas tanto de Rosario Robles como de sus colaboradores, por lo cual la investigación continúa.
Añadió que se ha solicitado información y apoyo unidades financieras de otros países para detectar montos que hubieran sido transferidos por parte de Robles Berlanga y sus principales colaboradores.
“Hasta este momento tenemos siete personas congeladas con montos variables, que llegan hasta 12 millones de pesos; pero estamos siguiendo el proceso de análisis de la información y de localización, particularmente de empresas fachada”, puntualizó.
Santiago Nieto explicó que el problema de la “Estafa Maestra” es que se utilizaron a las universidades vía el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones por adjudicación directa, pero para empresas que tenían muy poco tiempo de constitución, que tenían prestanombres como accionistas y que, finalmente, representaron una afectación al erario.
Notimex / Vox Populi Noticias
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