Guatemala / Redacción:
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos de Guatemala detuvo a ocho ex funcionarios de una oficina de previsión para el retiro de trabajadores municipales tras establecer que sustrajeron más de 21,8 millones de quetzales (2.84 millones de dólares) entre 2011 y 2015.
Los ocho ex funcionarios detenidos del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, entre los que se encontraba el ex gerente general de la entidad Werner Eduardo Montiel Aldana, son sospechosos de los delitos de peculado por sustracción (hurto al erario) y abuso de autoridad.
Sin embargo, a Montiel Aldana también se le señala por la Fiscalía de haber cometido el delito de “estafa mediante informaciones contables”, falta que también se le achacó al ex Contador General y encargado del buen funcionamiento de la entidad Alfredo Antonio Cerezo Carranza, a quien además se le investiga por “falsificación de documentos”.
Luego de que la Fiscalía desarrollara 13 allanamientos, también fueron detenidos Emmanuel Beletzuy Cajas (ex receptor pagador), Delbert Israel de León Vicente (ex receptor pagador del Crédito Hipotecario Nacional) y Luis Guillermo Monterroso García (ex auxiliar de tesorería de la alcaldía de Retalhuleu, sur del país).
“Equipo armado”
Igualmente, Hugo Estuardo Castillo Méndez (ex receptor pagador del banco), Carlos Isaú Puac de la Cruz (ex jefe de agencia de la entidad bancaria en Retalhuleu) y Marlyn Korina Paiz Morales (ex tesorera).
Según las pesquisas preliminares, la investigación arrancó cuando la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos denunció hallazgos de transacciones sospechosas realizadas por el ex delegado municipal de la oficina del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal del período 2011-2015, Leopoldo Arturo Moreno de la Cruz, preso desde 2017 por este caso y sujeto de juicio por supuesto enriquecimiento ilícito y caso especial de estafa.
Los fondos provenían de cheques emitidos a nombre de la oficina de las cuentas de las municipalidades de San Sebastián y Retalhuleu, en el departamento sureño de Retalhuleu, y de la alcaldía de Cuyotenango, del también departamento sureño de Suchitepéquez, según explicó la portavoz de la Fiscalía, Julia Barrera.
La investigación determinó que no había justificación “legal evidente” sobre las operaciones ejecutadas y encontró que hubo funcionarios, empleados municipales y bancarios que “consintieron con sus actos la sustracción de los fondos”.
Agencia EFE / Vox Populi Noticias
