Sao Paulo, Brasil / Redacción:
El ex Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dejó este 8 de noviembre la cárcel donde cumplía una condena por corrupción desde hacía 1 año y 7 meses, en la ciudad de Curitiba (sur), tras una decisión de la Corte Suprema adoptada anoche.
Lula, de 74 años y que ahora recurrirá su condena en libertad, salió a las 17:41 hora local de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, capital del estado de Paraná, donde estaba recluido desde el pasado 7 de abril de 2018.
El ex mandatario (2003-2010) abandonó el local a pie, acompañado por sus abogados; su actual pareja, Rosangela da Silva, y algunos de sus principales correligionarios, y entre los vítores de los cientos de simpatizantes que llegaron hasta los alrededores de la sede policial para recibir al líder socialista.
“¡Lula libre! ¡Lula libre!”, gritaban los seguidores de un Lula vestido de traje y que caminó directo hacia ellos, tras abrazar a algunos de sus familiares en la puerta de la sede de la Policía Federal.
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Después escuchó el himno de Brasil, cantado por sus simpatizantes, recibió algunos regalos de militantes y repartió más abrazos visiblemente emocionado.
El Juez Danilo Pereira Jr, de la 12ª Sala Criminal de Curitiba, decretó poco antes su libertad, con base en una decisión del Supremo Tribunal Federal, que anoche declaró inconstitucional la prisión de una persona condenada antes de que se agoten todos los recursos en la Justicia, como es el caso de Lula y de otros cerca de 5 mil presos.
Lula cumplía una pena de 8 años y 10 meses de prisión, ratificada en tres instancias diferentes, por corrupción pasiva y blanqueo de capitales, tras haber sido hallado culpable de recibir un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
Ahora esperará en libertad hasta que agote todos los recursos disponibles en el sistema judicial brasileño, según decidió el Supremo en la víspera en una votación ajustadísima (6-5).
La máxima corte del país anuló en la víspera su propia jurisprudencia, vigente desde 2016 y a través de la cual autorizó ejecutar una pena de prisión después de que esta se confirmara en segunda instancia y aún quedan dos apelaciones pendientes en tribunales superiores.
Agencia EFE / Vox Populi Noticias
