Ciudad de México/Redacción:
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) acumuló en los dos primeros años de Gobierno irregularidades en la aplicación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y en la operación de la Plataforma Digital del Servicio Nacional de Empleo (SNE), las cuales sumaron más de 35 millones de pesos de recursos públicos por aclarar o devolver.
Vale referir que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien supervisa los avances en la atención de observaciones, no pudo verificar si la STPS atendió las solicitudes de aclaración y de reembolso de los montos señalados.
Así mismo, la STPS que encabeza Luisa María Alcalde, recortó el presupuesto para las verificaciones en materia de inspección a las condiciones laborales de los centros mineros del país, además de que no colaboró con las empresas del ramo y únicamente “efectuó sus labores de manera inercial”.
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Dicha información fue revelada tras cuatro auditorías de la ASF que se han realizado hasta el momento a esa dependencia, donde aún no se incluye la revisión del ejercicio fiscal 2021.
Desde el 2019, la Secretaría del Trabajo comenzó a operar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, política que apoya a la juventud de entre 18 y 29 años de edad, quienes se vinculan con el campo laboral mediante prácticas profesionales, como aprendices en empresas formales a cambio de una beca de 3 mil 600 pesos mensuales con recursos del Gobierno Federal.
No obstante, en las observaciones de la ASF, se señala que la aplicación del programa se realizó sin rigor, sin datos precisos y con un desorden tan grande que ni siquiera se explicó por qué de 40 millones de pesos presupuestados, los recursos se ajustaron a sólo 23.9 millones de pesos.
Tampoco se definió ni el área responsable ni las medidas para supervisar la ejecución del programa, donde sus lineamientos se cumplieron con apenas la mitad de lo requerido por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y no se pudo comprobar que los beneficiarios hayan recibido los 12 pagos que les correspondían en ese año.
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Por si fuera poco, la falta de medidas de supervisión se vio reflejada en que no se definieron los mecanismos y procedimientos para vigilar que se cumplieran los requisitos y documentación de beneficiarios y centros de trabajo, lo que resultó en un padrón con deficiencias y omisiones.
La ASF agregó que “la STPS no acreditó el mecanismo para evaluar y asegurar que los egresados del programa adquirieron o fortalecieron las habilidades técnicas y socioemocionales señaladas en las constancias de capacitación entregadas a los becarios que concluyeron con la capacitación”.
Tampoco acreditó “contar con métricas, metodologías, indicadores ni metas para determinar en qué medida se incrementó empleabilidad y la inclusión en el mercado laboral”.
En 2020 dieron inicio las solicitudes de aclaración, ya que se pagaron 3.1 millones de pesos al IMSS por 117 mil 283 personas que recibieron atención médica, sin que se demostrara que pertenecían al padrón de beneficiarios ni si se capacitaban en un centro de trabajo perteneciente al programa.
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La Auditoría advirtió de un probable daño por más de 28 millones de pesos por irregularidades en el uso de recursos, donde también se “pagaron” 351 mil 720 pesos a personas que ya habían muerto.
Se ejercieron además 19.6 millones de pesos en mil 315 beneficiarios que sí estudiaban y que ya estaban en otros programas, como Jóvenes Escribiendo el Futuro a cargo de otra dependencia, por lo que recibieron doble beca, violando la ley en la materia.
Finalmente, la STPS pagó 2.2 millones de pesos a personas registradas como tutores, 1.5 millones de pesos que eran representantes de empresas participantes, 1.04 millones de pesos a personas que ya tenían un trabajo, y 153 mil 400 pesos a personas que en realidad eran servidores públicos.
Agencias/Vox Populi Noticias
