Del Río, Texas / Redacción.-
En un fallo que marca un nuevo episodio en la lucha por la seguridad fronteriza, la Jueza de Distrito Alia Moses, con sede en la ciudad texana de Del Río, rechazó el intento de Texas de impedir que las autoridades federales de inmigración destruyeran las alambradas instaladas a lo largo de la frontera con México para prevenir el cruce ilegal.
La Jueza Moses criticó en una orden escrita al gobierno de Joe Biden por su “fracaso absoluto” en detener la entrada ilegal al país, pero indicó que era poco probable que Texas prevaleciera en sus alegaciones de que la política federal de retirar las vallas era ilegal.
Esta decisión llega después de que Moses denegara la petición de Texas de evitar que los funcionarios federales retiraran las alambradas mientras se resolvía la demanda presentada por el estado en octubre. En el mes pasado, la jueza había ordenado al gobierno federal que se abstuviera temporalmente de cortar o retirar el alambre de espino mientras estudiaba la moción del estado. El Departamento de Justicia estadounidense no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
El Fiscal General de Texas, el republicano Ken Paxton, anunció que su oficina apelaría la decisión y expresó su decepción por la continuación de los “flagrantes y perturbadores esfuerzos del gobierno federal para subvertir la ley y el orden en la frontera de nuestro estado con México”.
La valla de alambre de concertina fue instalada en propiedad privada a lo largo del río Bravo como parte de la Operación Estrella Solitaria, una iniciativa lanzada por el Gobernador Republicano Greg Abbott en 2021 para disuadir el cruce ilegal de la frontera. La demanda de Paxton alega que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos intensificaron recientemente una práctica existente de cortar, destruir o dañar de otra manera el alambrado que el estado había colocado estratégicamente con el permiso de los propietarios.
A petición del Gobierno de Biden, un juez federal había ordenado en septiembre retirar la barrera de 305 metros, pero un tribunal de apelaciones permitió que se mantuviera temporalmente mientras la oficina de Paxton presentaba un recurso. El debate sobre la seguridad fronteriza y la legalidad de estas acciones continúa en el centro de la atención pública y política en Estados Unidos.
Agencias / Vox Populi Noticias
