Tijuana, Baja California.-
A partir del próximo primero de diciembre, el Programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera incluirá a los automóviles, cuyo número de serie inicien con letra y que sus propietarios demuestren que fueron comercializados o importados en Estados Unidos y Canadá.
Lo anterior fue anunciado por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada en Tijuana, Baja California.
La funcionaria federal explicó que dichas unidades comienzan con letra porque provienen de Europa o Asia.
“Es una solicitud que han estado haciendo propietarios de vehículos de procedencia extranjera que, aquí en Baja California, le solicitaron al señor presidente la regularización de diversas unidades con número de serie que inician con letra y que no habíamos estado realizando”, dijo.
Detalló que estas unidades se incorporarán al “Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2022.
Precisó que se verificará que los vehículos no cuenten con reporte de robo, esto con base a los datos internacionales con los países que se tiene convenio.
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó que en los últimos 20 meses se han regularizado un millón 874 mil 338 autos.
Añadió que a la fecha se han recaudado 4 mil 685 millones 845 mil pesos, lo que ha permitido la repavimentación de 3 millones 250 mil 563 metros cuadrados de avenidas en los estados que participan en esta acción.
Recordó que el programa, que finaliza el 31 de diciembre, se implementa en Baja California Sur, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas y Zacatecas.
En la regularización vehicular participan la SSPC, a través de las Mesas de Paz, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Consejería Jurídica y los gobiernos estatales.
