Austin, Texas / Redacción.-
Grupos de defensa de los derechos civiles presentaron este martes una demanda en el tribunal federal de Austin, Texas, en contra de una nueva ley respaldada por los republicanos en el estado, que otorgará a los funcionarios estatales amplios poderes para detener, procesar y deportar a las personas que crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México.
La demanda, encabezada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), alega que la ley, conocida como SB4 y firmada por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, el pasado lunes, infringe de manera ilegal la autoridad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración del país. Además, los grupos argumentan que esta legislación, que entrará en vigor en marzo, impide ilegalmente a los inmigrantes solicitar asilo u otras protecciones humanitarias al gobierno estadounidense.
La SB4 permite a los jueces estatales ordenar la deportación de personas, imponiendo penas de hasta 20 años de prisión para los migrantes que se nieguen a cumplir con la ley, la aprobación de esta medida por parte de la legislatura de Texas, controlada por los republicanos, se produjo en noviembre, lo que generó preocupaciones y desencadenó esta acción legal por parte de los grupos de derechos civiles.
Adriana Pinon, directora jurídica de la sección de Texas de la ACLU, calificó la ley como una de las medidas más extremas de represión de la migración adoptadas por un estado de Estados Unidos. En un comunicado, Pinon expresó: “El proyecto de ley hace caso omiso de los principios constitucionales fundamentales y desacata la ley federal de inmigración, al tiempo que perjudica a los texanos, en particular a las comunidades marrones y negras”.
El Gobernador Abbott justificó la necesidad de esta ley al afirmar que la administración del presidente demócrata Joe Biden había fracasado en frenar el aumento de la migración ilegal. Sin embargo, expertos legales como Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho de inmigración en la Facultad de Derecho de Cornell, sostienen que la ley de Texas es vulnerable a desafíos legales. Yale-Loehr hizo referencia a una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 2012 que estableció que Arizona no podía autorizar a los funcionarios estatales a detener y procesar a personas por estar ilegalmente en Estados Unidos, ya que esa era una competencia exclusiva del Gobierno Federal.
Agencias / Vox Populi Noticias
