Ciudad de México/Redacción.-
El juicio contra Juan Carlos García Rivera, el exempleado del Grupo KBH acusado de intervenir comunicaciones con el software Pegasus, concluyó la madrugada de este viernes.
Este proceso con el planteamiento de que el acusado es un chivo expiatorio y que no tenía un interés personal para “espiar” a miembros de la prensa.
Se le dictará sentencia a García Rivera y el juez Luis Benítez Alcántara determinará si la Fiscalía General de la República (FGR) logró acreditar su responsabilidad en el delito que se le imputa.
La audiencia, que concluyó la madrugada de este viernes, se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur y durante casi ocho horas se escucharon los alegatos finales de la Fiscalía, la defensa y de la asesoría jurídica de la víctima.
El primero en hablar fue el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, quien dijo que el acusado no tenía un interés personal para intervenir el teléfono de la periodista y no fue el autor intelectual, pero el dueño de KBH, Uri Emmanuel Ansbacher, sí tenía un propósito económico y era el que ordenaba a quién se debía espiar.
Destacó que la FGR acreditó con las pruebas aportadas que se intervino comunicaciones de un teléfono celular con este sistema entre 2015 y 2016 derivado de la publicación del reportaje La Casa Blanca y otros casos de corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Aseguró que las pruebas contra García Rivera son indiciarias y pidió que se le dicte sentencia condenatoria para que se permita a la sociedad mexicana dejar de ver a Pegasus como sinónimo de impunidad.
Con el caso Pegasus, la Fiscalía detectó una red de empresas fachada y prestanombres
El fiscal aseguró que KBH era un grupo corporativo de empresas que actuaban mediante prestanombres y operaban desde un inmueble en Avenida Ejército Nacional, en la Ciudad de México.
Por su parte, Samuel Ibarra, abogado de García Rivera, señaló que su cliente es un chivo expiatorio y que la FGR no pudo acreditar la intervención telefónica contra la periodista ni que ésta se realizara con Pegasus ni por el acusado.
Además, criticó que gran parte de la teoría del caso de la Fiscalía esté basada en las declaraciones del testigo protegido Zeus, quien estaba resentido porque lo despidieron de la empresa y tenía “sed de venganza” contra “el corporativo diabólico”.
Ibarra señaló además la falta de cadena de custodia del teléfono, pues el aparato estuvo en Canadá con Citizen Lab y después en Estados Unidos.
Agencias/Vox Populi Noticias
