Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia, esperó seis meses para admitir a trámite una acción de senadores que buscan invalidar nuevos fideicomisos para subsidiar al Tren Maya y los aeropuertos bajo control militar.
El 10 de junio, Ortiz admitió la acción 224/2023, promovida por todos los partidos de oposición en el Senado, que la presidencia de la Corte le turnó desde el pasado 11 de diciembre.
Esto quiere decir que el juicio apenas empieza, con el emplazamiento al Congreso y el Ejecutivo, y que la Corte ya no resolverá el caso en este sexenio.
Ortiz, quien usualmente vota alineada con los intereses del Gobierno, ya había tardado más de siete meses para desechar una controversia contra el decreto Presidencial de mayo de 2023 que clasificó varias obras prioritarias como seguridad nacional.
Esa demanda fue turnada a Ortiz el 5 de junio de 2023, pero la desechó por improcedente hasta el 10 de enero de 2024, con un argumento que el pleno de la Corte derrotó cuando anuló el primer decreto Presidencial sobre obras prioritarias.
La ley reglamentaria de estos juicios no fija un plazo para que el ministro instructor dicte el acuerdo de admisión, que no requiere mayor estudio, pues sólo se debe revisar si la acción fue presentada en tiempo y por el número suficiente de legisladores.
Usualmente, los ministros ponentes tardan entre una y tres semanas para acordar la admisión o desechamiento de controversias y acciones, a partir de que les son turnadas por la presidencia de la Corte.
Quitan fondos al INM
La acción que Ortiz mantuvo seis meses en el limbo impugna la reforma del pasado 13 de noviembre a la Ley Federal de Derechos.
Uno de los cambios, al artículo 18-A, es para enviar el 100 por ciento del pago de los turistas extranjeros para ingresar al país a subsidiar al Tren Maya, mediante un fideicomiso controlado por la Sedena.
Antes de esa reforma, y durante dos décadas, 25 por ciento de ese pago era para el Instituto Nacional de Migración (INM), que justo en noviembre empezó a reportar falta de recursos para atender a migrantes.
Al cierre de marzo pasado, este fideicomiso ya acumulaba más de 8 mil millones de pesos.
La reforma al artículo 220-A, en tanto, obliga a los concesionarios de aeropuertos privados a pagar 9 por ciento de sus ingresos brutos, para destinarlos a fideicomisos de Sedena y Marina que beneficiarán los 20 aeropuertos civiles bajo su control.
“Consideramos que las reformas a los artículos 18-A y 220-A de la Ley Federal de Derechos son inconstitucionales porque representan, en conjunto con otras normas y acciones, un severo desequilibrio entre las relaciones de los poderes civiles y militares, violando los artículos 73, 89 y 129 Constitucionales”, indican los senadores de oposición en su demanda.
Le turnan otra
La presidencia de la Corte turno la semana pasada a Ortiz la acción de diputados de oposición contra el recién creado Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB).
Los legisladores impugnan, en particular, la reforma legal que obliga a enviar al FPB unos 40 mil millones de pesos acumulados en las Afores inactivas de mayores de 70 años para el régimen del IMSS y de 75 años para el del ISSSTE.
Esta es la principal fuente de financiamiento inicial para el FPB, que pretende complementar los ingresos de quienes se jubilen con una Afore, para que ganen al menos el salario promedio de cotización del IMSS, actualmente unos 16 mil pesos mensuales.
Las demás fuentes de recursos para el FPB son de dudosa solidez, pues dependen de la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, ahorros eventuales del Gobierno, o de probables utilidades de paraestatales militares que por ahora requieren subsidios para operar.
Ortiz no tiene plazo para admitir la acción a trámite y podrían pasar meses para que lo haga, si se toma en cuenta lo que ha tardado en casos recientes relevantes para el Gobierno.
