El sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador fracasó en su promesa de libertad de expresión y acceso a la información, afirmó la organización Artículo 19, que documentó un aumento de 62.1 por ciento de las agresiones contra la prensa.
También reportó la concentración de la publicidad oficial, el desmantelamiento de la Comisión de Atención a Víctimas, los ataques al INAI, la falta información de los programas sociales e incluso el fracaso de las comisiones especiales de acceso a la justicia en temas como la Guerra Sucia.
“El Gobierno que se autodenominó ‘de la transparencia’ no fue tal. Por el contrario, el acceso a la información sufrió francos retrocesos. La mayor expresión de esta contracción fue la parálisis a la que la mayoría oficialista en el Senado sometió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al omitir el nombramiento de tres personas comisionadas, aún hasta la fecha”, concluyó la organización en su documento “Derechos pendientes. Informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en México”.
Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de marzo de 2024, precisó, se han registrado 3 mil 408 agresiones contra la prensa, una cada 14 horas, incluidos los asesinatos de al menos 46 periodistas y cuatro desapariciones.
Se trata de un aumento, comparado con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, de al menos 2 mil 502 agresiones contra la prensa, 46 asesinatos de periodistas y cuatro desapariciones.
El informe destaca al Estado mexicano como uno de los principales agresores contra la prensa, incluso por encima de la delincuencia organizada, con mil 559 agresiones desde las instituciones, 45.75 por ciento del total, frente a 280 casos de grupos criminales o el 8.22 por ciento.
La Ciudad de México, advierte, es el epicentro de las agresiones con 582 y 179, es decir, 30.76 por ciento se dieron en las mañaneras de López Obrador.
“Lo que ocurre en el espacio de Las Mañaneras es una estrategia de desinformación y estigmatización contra aquellos medios de comunicación críticos a los que se cataloga como ‘adversarios’; ‘vendidos’ o ‘conservadores’, y se considera cualquier labor de escrutinio público como ‘ataque’ contra el gobierno”, se establece en el estudio.
A menos de tres meses del fin del Gobierno, Artículo 19 considera también un fracaso la compra de publicidad oficial, ya que si bien se redujo el presupuesto respecto al sexenio anterior, 10 de 916 medios de comunicación recibieron el 47.08 por ciento de los recursos.
“La distribución arbitraria de la publicidad oficial tiene un efecto inhibidor en la libertad de expresión y es una forma de censura sutil e indirecta”, sostiene la investigación.
Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, con sede en Londres, resalta que mientras en todo el sexenio de Peña Nieto los ciudadanos impugnaron 42 mil 631 respuestas de información a través del INAI, entre diciembre de 2018 y marzo pasado, el Gobierno ha recibido 82 mil 47 o 92 por ciento más.
Eso sin contar, añade, que el Gobierno de López Obrador intentó ocultar la información sobre el Tren Maya y el Corredor Transístmico al declararlo obras de seguridad nacional.
La opacidad del sexenio atenta incluso contra los beneficiarios de programas sociales, como Sembrando Vida, en el que los ciudadanos no pueden saber el motivo por el que no fueron elegidos.
La Secretaría de Bienestar tampoco ha entregado un desglose por estado de los 36 mil millones de pesos de presupuesto que ha manejado para ese programa.
El informe “Derechos pendientes” denuncia también el congelamiento de la investigación y el castigo por el uso en el anterior sexenio del programa de espionaje Pegasus contra 25 personas periodistas y activistas, a pesar de la promesa de inicios del sexenio.
En octubre de 2022, una vez que se demostró que el programa en poder del Ejército se seguía utilizando, hasta contra el entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se añade en el informe, el Presidente lo validó.
“El Presidente López Obrador se defendió aludiendo a que ‘no es cierto que se espíe a periodistas o a opositores’, sino que las instancias de vigilancia correspondían a ‘labores de inteligencia, no de espionaje’ para, en sus propias palabras ‘enfrentar a los delincuentes’. Es decir: confirmó que Pegasus seguía operando, pero desconociendo u ocultando que las fuerzas armadas estaban utilizando el malware para espiar selectivamente a personas inocentes”, sostiene el estudio.
Artículo 19, dirigido en México por Leopoldo Maldonado, concluye que la opacidad ha repercutido hasta en el Sistema Nacional de Búsqueda, pues el Gobierno recortó el presupuesto a la Comisión Nacional de Víctimas, desmanteló el Centro Nacional de Identificación Humana y ordenó su propio censo de personas desaparecidas, a cargo de las secretarías del Bienestar y de Gobernación, las cuales no tienen facultades.
“El censo careció de transparencia, metodología pública y consulta con las familias y la sociedad. Es sintomático que esta iniciativa y la opacidad gubernamental se dieran en un contexto electoral, lo que se interpreta como un intento de manipular las cifras de personas desaparecidas, minimizar la gravedad de la situación y desmentir que el sexenio de López Obrador tiene los mayores índices de desaparición”, afirma.
La organización, que también ha sido atacada por López Obrador, resaltó el fracaso de las comisiones especiales que el Presidente creó para dar con la verdad y la justicia en la Guerra Sucia o la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ya que el Ejército se negó a entregar información.
“El Presidente se topó con el Ejército y su responsabilidad en los hechos”, explica, “Todo un sexenio sin saber del paradero de los jóvenes, además de la impunidad garantizada a la institución castrense. Aquí quedó claramente evidenciado el proyecto político del sexenio obradorista que está a punto de terminar: el cogobierno con el Ejército”.
