Una corte federal de Brooklyn rechazó la petición de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, para repetir el juicio en el que fue declarado culpable de proteger al Cartel de Sinaloa.
El juez Brian Cogan no solo negó la moción para un nuevo juicio, sino que enfatizó que García Luna ofreció sobornos de hasta dos millones de dólares a otros reclusos del Centro Metropolitano de Detención (CMD) en Brooklyn, para declarar a su favor y atacar la credibilidad de los testigos que lo acusaron durante el juicio.
Una vez negada la petición de nuevo juicio, García Luna, preso desde diciembre de 2019, será sentenciado el 9 de octubre.
La principal prueba de García Luna para repetir el juicio era la declaración de Edgardo Mejía, un pederasta interno en el CMD, que ponía en duda el testimonio de Edgar Veytia, el ex Fiscal de Justicia de Nayarit preso en Estados Unidos desde 2017.
“Durante su investigación de las supuestas declaraciones de Mejía, el Gobierno descubrió que el acusado (García Luna) había contactado a otros internos del CMD para pedirles que firmaran declaraciones juradas, diciendo esencialmente lo mismo que Mejía, a cambio de millones de dólares”, narró el juez.
El propio Mejía eventualmente negó haber declarado en favor de García Luna, cuyos abogados, según el juez, tampoco estaban enterados de la maniobra del ex funcionario.
El juez también rechazó alegatos contra el testimonio de Héctor Villarreal, el ex secretario de Finanzas de Coahuila acusado de fraude y enriquecimiento ilícito, quien declaró que por encargo del entonces Gobernador Humberto Moreira, pagaba sobornos a El Universal para dar cobertura favorable a García Luna, lo que el diario negó en febrero de 2023.
Un abogado de Moreira en Estados Unidos fue quien envió una carta rechazando los dichos de Villarreal, pero el juez Cogan consideró que el documento es confuso, y que Villarreal fue un testigo menor que no declaró sobre el punto central del juicio, es decir, la protección de García Luna al cártel.
Cogan también negó valor jurídico a una carta de entendimiento firmada por García Luna con el Director Regional en México de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) en enero de 2011, por la cual aceptó someter a pruebas de polígrafo a los policías que fueran seleccionados para la Unidad de Asuntos Sensibles de la Policía Federal.
El juez aclaró que, más allá de sus vínculos con oficiales del gobierno estadounidense, el propio García Luna nunca se sometió al polígrafo, porque era un funcionario del gabinete del Presidente Felipe Calderón.
“Imaginen lo que hubiera pasado si la DEA hubiera demandado, como condición para la cooperación, que algunos o todos los miembros del gabinete de México tenían que someterse al polígrafo. Hubiera sido como pedir que el Presidente de México se sometiera al polígrafo”, afirmó.
