Dulce María Sauri Riancho, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa Reza deploraron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya sido permisivo ante el atraco que supone la reelección de “Alito”.
“Este domingo se ha consumado la farsa”, coincidieron los ex presidentes en un documento.
“Esta reelección es producto de una Asamblea Nacional ilegal, a partir de una reforma ilegal de los Estatutos y de un proceso de elección ilegal, con la que Alejandro Moreno pretende reelegirse y secuestrar el partido histórico de México”
Desde la perspectiva de los ex dirigentes, la Asamblea Nacional tiene múltiples ilegalidades en cuanto a su ejecución, puesto que el Reglamento para su organización no fue aprobado por el Consejo Político Nacional como lo establecen los Estatutos en su artículo 83.
Hicieron notar que no hubo información oportuna de los cambios estatutarios que se iban a votar ni acceso amplio a las mesas de discusión para los delegados interesados en participar.
De hecho, solamente 100 personas fueron acreditadas en cada una de las mesas que discutían las reformas.
Se trata, aseguran, de una Asamblea rasurada, solo participan los consejeros nacionales elegidos a modo por esta dirigencia.
Sauri, Coldwell y Ochoa señalaron que, por primera vez en la historia del Partido Revolucionario Institucional, el dirigente se reelige a puerta cerrada, sin propuestas, ni debate ni proyecto de futuro y con la militancia ausente.
“El PRI es un partido secuestrado por la ambición personal de Alejandro Moreno, alejado del buen desarrollo institucional del partido”, afirmaron.
“El daño jurídico infligido el día de hoy al PRI se podrá reparar cuando el INE y el Tribunal Electoral anulen la Asamblea Nacional ilegal, así como todos los actos derivados de ella, como es la reelección de la dirigencia. Sin embargo, el daño moral ante la sociedad por los actos ilegales de la actual dirigencia será muy difícil de resarcir”.
Además, los ex presidentes sostuvieron que la reelección de Alejandro Moreno afecta los principios de igualdad sustantiva y de paridad de género a la que está obligado el PRI, conforme a la Constitución en su art. 4 y a sus propios Estatutos, artículo 173.
“La posibilidad de que el actual dirigente se pueda reelegir en otros dos periodos ordinarios, después de que ya concluyó un ordinario y otro extraordinario es inconstitucional y anti estatutario por incumplir y violar la regla de paridad en la elección de dirigentes, dado que no permite la alternancia de género”, expusieron.
“Es lamentable que el Tribunal Electoral haya sido permisivo ante el atraco, luego de que sólo tres magistrados de la Sala Superior permitieron que la larga cadena de ilegalidades culminara en la reelección de Alejandro Moreno. Tuvieron la oportunidad de actuar y decidieron no hacerlo”.
Destacaron el cuestionable proyecto en el que la magistrada presidenta, Mónica Soto, remitió al partido y al Instituto Nacional Electoral (INE) las dos impugnaciones que el grupo de expresidentes nacionales del PRI presentaron a nombre de cientos de militantes en resistencia frente a las ilegalidades.
“La magistrada presidenta Soto optó por no ponerle fecha límite al partido para que resuelva, contrario a la propuesta original del magistrado Reyes Mondragón. La consecuencia era previsible, el PRI no ha resuelto el caso, aplicando un tortuguismo burocrático, mientras cumple aceleradamente como liebre el proceso ilegal para reelegir a Alejandro Moreno”, afirmaron los ex dirigentes.
“El Tribunal Electoral debe enmendar su error y resolver en última instancia bajo criterios estrictamente jurídicos que no den lugar a retrasos, ni a sentencias cuestionables por parcialidad o falta de rigor jurídico”.
