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México Evalúa señaló que la falta de coordinación en el país dificulta la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, ya que no existe un ente regulador, un análisis gubernamental sobre costos ni un plan de trabajo definido. Esto pone en riesgo el cumplimiento de las metas climáticas, advirtió la organización.
“En México hoy no sabemos quién es responsable en materia de reducción y monitoreo de emisiones de gases de efecto invernadero, esto después de un análisis en el marco jurídico y de platicar incluso con las autoridades estatales tanto de Tamaulipas, Coahuila y de Nuevo León”, comentó Viviana Patiño, investigadora de México Evalúa, durante el webinar “Se busca acelerar la transición energética en México”.
Patiño destacó que las autoridades tienen poca claridad sobre sus responsabilidades respecto al monitoreo y reducción de emisiones. Según explicó, esto se debe a que las atribuciones legales están enfocadas en la coordinación entre diferentes autoridades, pero no en acciones concretas.
Además, señaló que existe una desconexión entre las metas climáticas y las estrategias para alcanzar a estas. A pesar de estimaciones previamente proyectadas. Que, a su vez, hablan, de una inversión neta de 104,000 millones de dólares en medidas de mitigación para 2030. Con beneficios estimados en 157,000 millones de dólares a lo largo de la vida útil de dichas inversiones, no se cuenta con un análisis claro y actualizado que guíe las acciones gubernamentales.
México Evalúa señaló falta de coordinación climática en el País
“No tenemos un análisis eficiente en 2024 de a dónde queremos llegar, cuánto nos va a costar. Esto va a ser indispensable para la siguiente meta que tengamos. Ese análisis en la mano para poder avanzar en los esfuerzos multinivel en los diferentes órdenes de gobierno hacia la reducción de emisiones es sin duda el camino para instrumentar diferentes medidas en el sector energético y verificar si cumplen o con los elementos esperados para alcanzar esta reducción”, afirmó Patiño.
Por último, criticó que las prioridades regulatorias recientes no favorecen la reducción de emisiones. Ya que se privilegia a las empresas estatales por encima de criterios ambientales.
“Pero entonces si el medio ambiente no tiene un espacio en la decisión de si se utiliza o se despacha una energía u otra, entonces cómo podemos decir verdaderamente que le estamos dando prioridad a la reducción de emisiones”, finalizó.
