La detención reciente del exsecretario de Bienestar Social marca solo el inicio de una posible serie de acciones judiciales contra exfuncionarios del gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Tania Gisela Contreras López —consejera jurídica del Gobierno del Estado— aseguró que las investigaciones siguen en curso. Están enfocadas en las compras e investigación de obras públicas Tamaulipas realizadas en la anterior administración estatal.
Contreras López explicó que los procesos judiciales buscan esclarecer presuntas irregularidades en la asignación de contratos, la compra de bienes y la ejecución de obras.
“Tenemos asuntos que tienen que ver con obra pública, con administración, con contratación de servicios, incluso compra o adquisición de bienes. Son los segmentos en donde más identificamos que no se observaron los procesos que establece la ley de adquisiciones”.
La consejera destacó que no habrá impunidad y que se tomará acción contra cualquier acto de corrupción que haya afectado al erario público.
“Existen señalamientos que se han materializado en una carpeta de investigación, donde se considera que no se siguieron los procesos, o que hay incluso evidencias de un desvío de recursos”.
Uno de los casos que ha avanzado es el del exfuncionario de Bienestar, Rómulo “N”, detenido en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Esto, por su presunta participación en la compra irregular de despensas. Contreras López indicó que el proceso judicial ya está en marcha.
“Un juez determinará, en base a la evidencia que se ha mostrado, si existe o no responsabilidad en cuanto al proceso de contratación de estas despensas”.
Respecto a otros exfuncionarios relacionados con la investigación de obras públicas Tamaulipas, la consejera precisó que deberán comparecer ante las autoridades competentes para aclarar su actuación en los procesos de licitación y contratación.
“Los exfuncionarios involucrados tendrán que acudir ante la instancia jurisdiccional a manifestar o exponer cuáles fueron los criterios que aplicaron y que se determine si hubo o no la comisión de un delito”.
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Por su parte, Contreras López recordó que la actual administración ya ha presentado un total de 102 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia.
“Ya hay una persona sentenciada, hay tres que ya se judicializaron y que tienen órdenes de aprehensión”.
