El Partido Verde ha planteado un cambio importante en las leyes relacionadas con el consumo de alcohol. La propuesta busca elevar la edad mínima para beber de los 18 a los 21 años, además de aumentar las multas y las penas para quienes no cumplan con esta nueva normativa.
El pasado domingo 16 de febrero, la Cámara de Diputados publicó en su página web la propuesta de la diputada Mayra Espino Suárez, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GP PVEM). Según Espino Suárez, esta iniciativa tiene un propósito claro y responde a datos alarmantes.
A través de Encuestas Nacionales de Adicciones de años anteriores se revela que 41.8 millones de personas. Entre 12 y 65 años, consumen grandes cantidades de alcohol, ya sea una vez al mes o incluso a diario.
“Como dato alarmante, tanto en hombres como en mujeres, el grupo de edad que mostró los niveles más altos de consumo fue el de 18 a 29 años”, alertó Espino Suárez.
Partido Verde proponer autorizar consumo de Alcohol hasta los 21; se incluyen sanciones estrictas
Por su parte, la diputada también destacó que el abuso de alcohol está relacionado con unas 200 enfermedades. Entre las que se encuentran el cáncer y diabetes, Que a su vez, provoca alrededor de 40,000 muertes al año. Además, mencionó que el cerebro no madura por completo hasta los 25 años, por lo que el consumo temprano podría interferir con este proceso.
“Según un estudio realizado por la Secretaría de Salud de México, los jóvenes que inician el consumo de alcohol antes de los 15 años tienen una mayor probabilidad de desarrollar dependencias y trastornos relacionados con el abuso de sustancias en la adultez”, explicó Espino Suárez.
En cuanto a las consecuencias para quienes no respeten la nueva norma, la propuesta establece sanciones severas. Si una persona obliga, induce, facilita o procura a menores de 21 años el consumo de alcohol. Podría enfrentarse a una pena de prisión de 6 a 12 años y una multa de entre 3,000 y 5,000 días de salario.
Finalmente, la diputada del Partido Verde —hace un llamado a los gobiernos— para implementar campañas de prevención e información, así como medidas de control y vigilancia, con el fin de garantizar que se cumpla la nueva legislación.
