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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió aplazar el análisis sobre las reglas del cobro del IVA en las transacciones virtuales de empresas maquiladoras del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).
El programa, se encuentra vigente desde 2006 y permite a las maquiladoras importar insumos temporalmente con beneficios fiscales. Siempre y cuando estos sean usados para la manufactura de productos destinados a la exportación.
La controversia actual —gira en torno a las alegaciones de las empresas—, que aseguran que el SAT busca cobrar dos veces el IVA: una al retirar el insumo de la aduana y otra cuando compran estos insumos a empresas sin establecimiento en México. Según las maquiladoras, estas operaciones no deberían ser tratadas como importaciones.
El SAT, por su parte, considera que estas ventas no están exentas del IVA, y entre 2019 y 2023 calculó que no se retuvieron aproximadamente 44 mil 640 millones de pesos por este concepto
Este tema quedó incluido en la agenda de la sesión del Pleno de la Corte de ayer. Sin embargo, la Ministra Lenia Batres solicitó aplazar el caso para un análisis más profundo sobre el impacto de la medida. Según Batres, el SAT estima que podrían estar implicados al menos 46 mil millones de pesos, pero el costo real podría superar los 250 mil millones.
SCJN detiene análisis sobre el IVA a maquiladoras; tema generó intercambio de opiniones
—Asimismo, la solicitud de Batres para hacer a un lado el caso de la discusión— generó un intercambio de opiniones entre los ministros. Por ejemplo, la Ministra Loretta Ortiz, se mostró en contra del aplazamiento. De esta forma, argumentando que ya se habían resuelto las dudas y que se debía ofrecer certeza jurídica a las empresas.
“Por eso fuimos nombrados ministros de la Suprema Corte para resolver este asunto, y en el caso particular yo sí tengo la capacidad y la competencia para resolverlo ahorita”, expresó Ortiz.
Por otro lado, el Ministro Javier Láynez aceptó el aplazamiento. Pero criticó que la justificación de Batres estuviera basada en un criterio económico y no en la ley.
“Con todo respeto, yo nunca compartiría como juez constitucional una tal decisión y un razonamiento de este tipo. Para mí, lo primero es la constitución y la ley”, dijo.
El Ministro Alberto Pérez Dayán también apoyó el aplazamiento, señalando que una respuesta en este momento no resolvería todos los conflictos. Además, destacó que la controversia no aborda la constitucionalidad de una regla, sino que solo se centra en un tema interpretativo de legalidad.
