En México, casi dos mil mujeres están en la cárcel por delitos ligados a drogas. Muchas de ellas arrastran historias de violencia, pobreza o manipulación, pero ninguna podrá votar en las elecciones judiciales 2025 México del 1 de junio. A pesar de que se trata de comicios inéditos, el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió dejarlas fuera por falta de presupuesto. Y eso, para quienes conocen el sistema, no solo duele… también indigna.
“Muchas son inocentes, porque no se está deteniendo a quienes deberían”, expresó Alex, quien pasó casi tres años encerrada por posesión y venta de narcóticos.
Alex no quiere que su nombre completo se publique. Tiene 32 años y conoce de primera mano cómo funciona la “justicia” en este país. Ella recuerda que solo vio a su abogada dos veces mientras estuvo en el Cefereso 16 de Morelos, una prisión federal de alta seguridad. Por lo que se cree que podría ser una de las razones para evitar la participación en las elecciones judiciales 2025 México de las privadas de libertad.
“Es más fácil detenernos a nosotras que a los grandes criminales (…) No investigan, seas o no culpable, te apresan”, afirmó sobre su detención en Guanajuato.
En ese estado operan los cárteles más fuertes del país, pero muchas veces quien termina tras las rejas no es quien mueve el negocio, sino quienes están más expuestas. La directora de Elementa DDHH, Adriana Muro, lo tiene claro: las mujeres más vulnerables están cayendo presas, mientras los verdaderos líderes criminales se van a Estados Unidos extraditados, o simplemente no los tocan. Lo peor es que se les vulneran sus derechos, como el de participar en las elecciones judiciales 2025 México.
“Y el mercado ilícito de las drogas sigue intacto”, dijo Muro, crítica del sistema internacional que ha reforzado una “falsa guerra contra las drogas”.
Según la organización Equis Justicia, el encarcelamiento de mujeres en México subió un 22 % en seis años. La mayoría están ahí por delitos menores, relacionados con drogas, y muchas veces ni siquiera eran quienes controlaban nada. Angela Guerrero, del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social, ha entrevistado a decenas de mujeres presas. Muchas cargan culpas ajenas.
“No están involucradas en el mercado ilícito de las drogas. Es más bien su pareja, su papá o alguna persona con la que tienen una relación de poder”.
Guerrero cuenta que 8 de cada 10 mujeres entrevistadas fueron víctimas de violencia, no criminales. Aun así, están presas. Ante este panorama, organizaciones pusieron en marcha un plan para liberar a mujeres sentenciadas por delitos menores. Gracias a este esfuerzo, Alex y otras siete mujeres ya recuperaron su libertad. Ahora buscan liberar a cinco más antes del 30 de mayo. Para lograrlo, están recaudando fondos con la campaña ‘Libéralas’, una forma de reparar un poco lo que el sistema no quiso corregir.
