La Cámara de Diputados se alista para votar un dictamen que podría abrir la puerta a que integrantes de la Guardia Nacional busquen cargos de elección popular, como parte de los cambios propuestos en las leyes secundarias de la reforma que transfiere esta corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La propuesta, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada sin cambios por la Comisión de Justicia. Modifica el artículo 44 de la nueva Ley de la Guardia Nacional —que sustituiría a la actual— para permitir que sus elementos puedan solicitar distintos tipos de licencia: ordinaria, limitada, especial y por edad.
Según el dictamen, las licencias especiales se otorgarían a los elementos con formación militar y policial para poder contender por un cargo público. Así como para aceptar nombramientos del Ejecutivo federal en actividades fuera de la corporación.
También podrían ocupar puestos civiles en dependencias gubernamentales, organismos descentralizados o empresas estatales. Siempre que esas funciones requieran una separación temporal de sus labores en seguridad pública.
El documento establece que la autorización o rechazo de estas licencias dependerá directamente de quien encabece el Ejecutivo federal y, en su caso, de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Estas licencias se otorgarían por el plazo necesario para ejercer el cargo o actividad específica solicitada.
Guardia Nacional podrá buscar elección popular con permiso
Sin embargo, esta iniciativa ya ha generado preocupación entre algunas bancadas. La diputada Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano, fue muy crítica:
“Hay un párrafo que a mí me preocupa muchísimo, bueno, todos los párrafos, pero en particular hay uno que habla de una licencia especial para los de la Guardia Nacional, que en funciones pudieran competir a cargos de elección popular, tener cargos administrativos municipales, estatales, federales, con el permiso del comandante jefe, o el secretario de la Defensa. Nada más. O sea, no pasa por Senado, no pasa por Cámara de Diputados, no pasa por nadie más. Huele a autoritarismo, a golpe de Estado”, advirtió.
Desde otra postura, el vicecoordinador del Partido Verde, Raúl Bolaños, dejó claro que su grupo parlamentario no apoyará ninguna disposición que contravenga la Constitución:
“Nada está por encima de la Constitución, entonces, lo que dice ese artículo es simplemente inconstitucional”, dijo.
Ahora queda en manos del Pleno discutir este punto delicado y definir si se avala o no está medida. Que, a su vez, podría cambiar el rol de los cuerpos de seguridad en la vida política del país.
