La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con un total de 419 votos, una reforma para sancionar con hasta 20 años de prisión a quienes recluten por la fuerza a menores de edad y adultos para incorporarlos al crimen organizado.
El pleno respaldó modificaciones a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de Trata de Personas. Los cambios contemplan aumentar la condena hasta 10 años más cuando las víctimas sean indígenas, afromexicanas o migrantes. A su vez, este incremento también aplicará si los responsables son funcionarios o exintegrantes de corporaciones de seguridad pública o de la Fuerza Armada permanente.
Durante la discusión, la diputada Elena Edith Segura Trejo, de Morena explicó que la ausencia de un delito específico para sancionar estas prácticas. No significa que el reclutamiento forzado no ocurra.
Esto implica, —dijo—, “que durante años hemos enfrentado un vacío jurídico que ha dificultado el poder identificarlo, investigarlo y sancionarlo como realmente es”.
En este sentido, la legisladora señaló que, ante esa falta de una figura penal propia. Las autoridades investigan los casos como trata de personas y corrupción de menores. Así como por secuestro, desaparición o delincuencia organizada.
“Esta dispersión puede fragmentar los casos, dificultar su registro y permitir que la conducta específica de quienes captan, inducen o incorporan personas a estructuras criminales quede diluida dentro de otros delitos”, señaló.
Trejo explicó que los grupos criminales recurren a falsas ofertas laborales, amenazas, y violencia. También se aprovechan de quienes viven en condiciones de vulnerabilidad y de comunidades afectadas por la pobreza y la marginación.
Aprueba Cámara de Diputados castigar el reclutamiento forzado
Mientras tanto, en los casos que involucran a niños y adolescentes, añadió, las investigaciones deben identificar quién los captó, cómo los incorporó y si hubo amenazas o agresiones. Además de establecer cómo aprovecharon su situación de vulnerabilidad.
Por parte del PAN, José Guillermo Anaya Llamas destacó que la reforma reconoce las formas de reclutamiento que operan mediante redes sociales y anuncios impresos, donde los responsables ofrecen empleos falsos o recurren a amenazas y coacción.
“Detrás de cada joven reclutado por la delincuencia hay una familia que vive una auténtica pesadilla: una madre que no sabe dónde está su hijo, un padre que recorre hospitales y fiscalías buscando respuestas, hermanos que esperan escuchar una llave en la puerta, y familias que todos los días se preguntan si volverán a abrazar a quien aman”, señaló.
De igual forma, el diputado también habló de la incertidumbre que enfrentan las familias al desconocer si sus hijos siguen vivos o podrán regresar a casa. Por ello, sostuvo que la legislación debe permitir investigar y perseguir a los reclutadores. Además de ofrecer protección integral a las víctimas, especialmente a niños y adolescentes.
Mediante su intervención, Lilia Aguilar Gil, diputada del PT, advirtió que el reclutamiento forzado ocurre en entidades como Chihuahua, Guerrero, Sonora y Chiapas, y que a su vez, alcanza a niños de hasta siete años de edad.
“En Chihuahua, mi estado, los niños de esa edad pueden correr por la sierra baja, conocen perfectamente las montañas y son ágiles, y por ello los meten al tema del negocio de la siembra de amapola”, refirió.
Bajo la misma línea, la legisladora subrayó que esos menores:
“No son delincuentes, están ahí porque es eso o los matan. Y esos niños son víctimas no solamente de trata, sino de un secuestro abierto”.
Bajo este contexto, Aguilar Gil lamentó que el problema haya permanecido invisible durante años. Con ello, afirmó que, con esta reforma, la Cámara plantea
“Un reto al crimen organizado diciéndoles que nuestras niñas, niños y adolescentes no se tocan y que, además del delito que comete el crimen organizado o delitos en contra de la salud, hoy también enfrentarán otro delito que tiene que ver con este reclutamiento forzado”.
