Desde el Congreso local, el diputado Sergio Ojeda Castillo rechazó de manera tajante la idea de imponer un nuevo impuesto a remesas en Tamaulipas que llegan desde Estados Unidos. El legislador ―presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Congreso― sostuvo que el impuesto debe desaparecer de cualquier discusión seria.
“Estamos con mucha fe de que eso quedará en el olvido, o sea que no van a grabar las remesas, sí claro”.
Con esa frase, Ojeda resumió el sentir de quienes consideran que esos recursos no deben tocarse. Asimismo, recordó que el dinero que envían los migrantes es producto de su esfuerzo diario y ―en muchos casos― la única fuente de ingresos para miles de familias en comunidades rurales.
Actualmente, las remesas están sujetas a un impuesto del 3.5 %, tras la propuesta original de Estados Unidos de aplicar el 5 %. Para Ojeda, este tema va más allá de las decisiones económicas del país vecino. Por lo mismo, defendió que se trata de una lucha por justicia social.
“La protección de las remesas es fundamental, ya que representan un pilar económico para muchas familias en México, permitiéndoles mejorar su calidad de vida y acceder a bienes y servicios esenciales”.
El legislador también destacó que en Tamaulipas hay un consenso claro: ni el gobernador ni los diputados locales ven con buenos ojos esta medida. Más bien, los efectos serían especialmente severos en los municipios del Altiplano tamaulipeco, donde las remesas dinamizan el consumo local. En localidades como Tula, Palmillas, Jaumave, Miquihuana y Padilla, este ingreso es vital.
Cada año, Tamaulipas capta cerca de 1 mil 100 millones de dólares por este concepto. Según cifras del Instituto Tamaulipeco del Migrante, más de 18 mil personas originarias del estado viven en Estados Unidos; en ciudades como Houston, Los Ángeles y Atlanta.
En palabras de su director, Juan José Alvarado, el nuevo impuesto a remesas en Tamaulipas frenaría un ingreso que resulta clave para miles de hogares. Solo en 2025, Tamaulipas ya ha recibido 217 millones de dólares. El total anual ronda los 1,100 millones de dólares; dinero que se convierte en comida, renta, educación y medicamentos en todo el estado.
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Por Enrique Jonguitud Blanco
