Han pasado más de 10 años desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso clave: ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que haga pública la carpeta de investigación relacionada con lo que se conoce como La noche de Iguala.
La decisión vino de la Primera Sala de la Corte, que resolvió a favor de dos juicios de amparo promovidos por víctimas del caso. Con ello, la FGR deberá entregar el expediente completo a quienes interpusieron los recursos legales. Además de ello, deberá publicarlo en el micrositio oficial sobre el caso.
La resolución deja sin efecto una negativa previa emitida por el ahora desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El cual se había negado a otorgar acceso a la carpeta de investigación elaborada por la Fiscalía.
También se desecharon los amparos presentados por personas que estaban siendo investigadas y que argumentaban que hacer pública esta información pondría en riesgo sus vidas. Sin embargo, la Corte consideró que el INAI no estaba obligado a tomar en cuenta su oposición ni a frenar la publicación.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá fue quien presentó el proyecto. En él, estableció que la información del caso no puede reservarse porque está “relacionada con violaciones graves a los derechos humanos, por lo que para ello no era necesario el consentimiento de las víctimas del delito”.
SCJN exige transparencia de la Fiscalía en carpeta de Ayotzinapa
Además, el fallo deja claro que esta publicación no infringe el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales ni el artículo 113, fracción XII, de la antigua Ley Federal de Transparencia.
Hasta el momento, la FGR no ha respondido públicamente a lo ordenado por la Suprema Corte.
El caso Ayotzinapa ocurrió el 26 de septiembre de 2014. Cuando 43 estudiantes de la Normal Rural ‘Isidro Burgos’ desaparecieron. Esto tras ser secuestrados mientras se dirigían a la Ciudad de México para participar en la marcha del 2 de octubre.
Apenas el 27 de mayo pasado, los padres de los jóvenes se reunieron con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Así reiterando su exigencia de justicia y pidiendo la renuncia del fiscal Rosendo Gómez, encargado del caso.
