Carolina Viggiano, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha presentado una iniciativa para que la Guardia Nacional (GN) forme parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), en lugar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La propuesta busca recuperar el mando civil de la Guardia Nacional. Así, asegurando que el Ministerio Público (MP) dirija las investigaciones, en lugar de las instancias militares, todo ello, para evitar excesos y violaciones a los derechos humanos.
Viggiano —propone— que la GN, como institución policial de carácter civil, se adhiera a la SSyPC. Con el objetivo de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito federal. —En coordinación— con las entidades federativas y municipios, los bienes y recursos de la Nación.
“La presente iniciativa no solo busca garantizar que toda intervención militar en funciones de seguridad ciudadana esté regulada por la ley y bajo control civil, sino también hacer más clara la relación entre los actores involucrados en la investigación de los delitos”, dijo la senadora.
Carolina Viggiano propone reforma para la Guardia Nacional
A su vez, la reforma establece que el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad Pública, la GN y las policías. Deben actuar bajo la conducción y mando del MP; esto garantizaría que el MP —sea siempre responsable— de la investigación y su coordinación. De este modo, reforzando la jerarquía y la unidad en las investigaciones que se lleven a cabo.
“Es imperativo aprobar esta reforma, ya que no solo cumple con los compromisos internacionales en derechos humanos, sino que garantizará que la Guardia Nacional conserve su naturaleza civil y que las investigaciones penales sean conducidas por autoridades ministeriales competentes. Esto fortalecerá el acceso a la justicia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones del Estado”, aseguró la senadora priista.
En este sentido, la senadora —destaca— que, al igual que en muchos otros países. En México existe —una preocupación legítima— sobre la participación directa de cuerpos policiacos y militares en investigaciones penales y tareas de seguridad pública.
Viggiano, dijo que:
“Estas inquietudes se basan en datos que muestran cómo, cuando no están adecuadamente reguladas o supervisadas, estas instituciones pueden actuar de manera incompatible. Con los principios del debido proceso, afectando la imparcialidad, la transparencia y el respeto a los derechos humanos”.
La reforma propuesta al artículo 21 de la Constitución. Establece que la investigación de los delitos debe corresponder al Ministerio Público, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la GN y a las policías locales ye estatales. Quienes deberán actuar bajo la conducción y mando del MP durante el debido proceso.
