Detienen a trabajadores en Chiapas por presunta extorsión. Acusados de extorsión agravada, seis servidores públicos del Colegio de Bachilleres de Chiapas fueron detenidos en Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con la denuncia, habrían cometido este delito en perjuicio de una mujer cuya identidad se mantiene reservada.
Las autoridades locales identificaron a los detenidos como Julio César “N”, director Administrativo; Mauricio “N”, jefe de Mantenimiento; José “N”, subdirector Jurídico; Francisco “N”, responsable de Almacén e Inventario; Juan “N”, director Normativo, y Julio “N”, con el puesto en jefe de Recursos Materiales.
Detienen a Trabajadores que enfrentan investigación por presunta extorsión en Colegio de Chiapas
Todos los supuestos involucrados pertenecían a la Dirección General del subsistema. Además, se señaló que Francisco “N”, aunque tenía una plaza administrativa, en realidad tenía el puesto de chofer personal y hombre de confianza del director general del COBACH, Miguel Prado de los Santos.
Por su parte, autoridades de la Fiscalía del Estado detalló que la denuncia comenzó en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y posteriormente pasó a esta institución. En donde se amplió la investigación.
“De acuerdo con la carpeta de investigación, se inició la denuncia desde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la cual dio vista a esta institución, donde se realizaron las tareas de investigación correspondientes, lográndose acreditar los actos de corrupción cometidos por estos seis servidores públicos, mismos que ya se encuentran a disposición del órgano jurisdiccional para que enfrenten a la justicia”, informó la Fiscalía del Estado en un comunicado.
¿Qué es la extorsión?
El delito de la extorsión se considera como una acción que obliga a una persona, mediante amenazas o intimidación, a entregar dinero, bienes o realizar acciones en contra de su voluntad.
Según el Código Penal Federal de la nación, se configura extorsión cuando alguien busca obtener un beneficio indebido usando la coacción y provocando un daño.
Asimismo, las autoridades federales explican que este delito puede realizarse desde llamadas telefónicas intimidatorias. Hasta esquemas más complejos operados por grupos criminales que buscan obtener dinero mediante el miedo.
Incluso, en muchos casos, los responsables se hacen pasar por autoridades o empresas para engañar a las víctimas. El artículo 390 del Código Penal Federal establece que la pena por este delito va de dos a ocho años de prisión y multas económicas.
