La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), marcó un precedente al aceptar por primera vez la realización de una audiencia pública sobre un caso. Sin embargo, también desechó la solicitud de las empresas maquiladoras que buscaban ser escuchadas en su disputa con el SAT por el cobro de IVA.
Hugo Aguilar, presidente del máximo tribunal —informó— que la audiencia se realizará en torno a la acción 184/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán (CDHM). El organismo impugna una reforma que le exige realizar visitas semestrales a orfanatos, asilos, hospicios, instituciones asistenciales y hospitales psiquiátricos. Además de visitas trimestrales a las cárceles.
SCJN realizará primera audiencia pública
La CDHM sostiene que esta disposición vulnera su autonomía y rebasa su capacidad operativa.
Por su parte, la ministra Lenia Batres había propuesto aprobar la reforma, pero su proyecto terminó retirado del orden del día.
“Hemos decidido llevar a cabo la primera audiencia pública sobre temas relevantes”, dijo Aguilar. “Pido a todas las organizaciones que estén atentas a la convocatoria para participar en esta audiencia”.
Igualmente, el ministro comentó que había manifestaciones afuera del edificio de la Corte relacionadas con este caso. Una práctica que, —según dijo—, se ha vuelto común para buscar la atracción o aplazamiento de asuntos.
Corte rechaza audiencia pública solicitada por maquiladoras en disputa con el SAT
En contraste, el pasado 29 de septiembre, la Corte decidió en sesión privada que “no hay lugar” a celebrar audiencia pública para escuchar a las maquiladoras en la contradicción de criterios 8/2025. Donde la ministra Yasmín Esquivel presentó un proyecto a favor del SAT.
El Servicio de Administración Tributaria busca recuperar más de 50 mil millones de pesos por concepto de IVA no retenido; un cobro que las empresas consideran injustificado. El proyecto se había programado para el 2 de octubre, pero fue retirado sin explicación.
La petición de audiencia la hicieron el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, así como empresas como Samsung y Dish México. No se emitirá una sentencia escrita que detalle las razones del rechazo.
El reglamento interno de la Corte no establece si las
audiencias públicas pueden aplicarse a contradicciones de criterios, ya que en esos casos no hay partes directas involucradas, sino decisiones de alcance general que fijan jurisprudencia.
Otro caso con solicitud formal de audiencia es el que revisará la figura de la prisión preventiva oficiosa, aunque aún no tiene fecha de discusión.
Reuniones con ciudadanos
Fuera de estos procedimientos formales, Aguilar y otros ministros han sostenido reuniones con ciudadanos que acuden al tribunal para expresar demandas o pedir apoyo. Entre ellos hay repartidores de plataformas como Uber y Rappi, inconformes con el impuesto por “uso de infraestructura” que aplica la Ciudad de México desde 2022, y extrabajadores del IMSS. Los cuales, reclaman la devolución parcial de sus Afores.
Gracias a sus gestiones, los repartidores lograron aplazar la discusión del proyecto que avala el impuesto, mientras que los jubilados consiguieron que su caso fuera atraído por la Corte.
Limitación a asociaciones civiles para promover amparos ambientales
El 9 de octubre, el tribunal —también retiró— un proyecto que limitaba la capacidad de las asociaciones civiles para promover amparos ambientales. Esto, tras recibir solicitudes de audiencia dirigidas a la ministra Esquivel.
Cabe mencionar, que durante los primeros años del siglo XXI, la Corte solía realizar audiencias públicas sobre temas de alto impacto. Como el aborto y las reformas fiscales. No obstante, la práctica quedó abandonada por el tiempo que demandaba, dando paso a reuniones privadas entre ministros y partes interesadas, además de la recepción de argumentos escritos bajo la figura de <em>amicus curiae.
