La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este martes que las compañías telefónicas deberán colaborar con las autoridades de seguridad y justicia para rastrear celulares en tiempo real. Además, tendrán la obligación de guardar hasta por dos años los metadatos, registros de llamadas y otra información de todos los usuarios. Con un plazo máximo de 24 horas para entregarlos si se les solicitan por la vía legal.
SCJN avala rastrear celulares y retener datos telefónicos. Con mayoría de votos, el pleno declaró constitucionales diversos párrafos del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2025. Sin embargo, los ministros aclararon que las autoridades necesitarán una orden judicial para revisar esos datos. Excepto en situaciones de extrema urgencia —como cuando peligre la vida de alguien—, casos que deberán ser revisados por un juez posteriormente.
Cabe destacar, que la resolución llegó después de una discusión tensa. La ministra ponente, María Estela Ríos González, señaló una “falta de respeto. Por parte de sus compañeros, quienes le pidieron cambiar el método de análisis de su proyecto para alinearlo con el criterio de la mayoría, a pesar de que sí estaban de acuerdo con el sentido final de la propuesta.
“Yo sí pido, y lo pido como ministra, que se respete mi decisión… creo que ustedes no me pueden obligar a hacerlo. Si no les convence, está bien, pero obligar a hacerlo como algunos quieren me parece que es una falta de respeto a mi posición de ministra”, reclamó.
SCJN avala rastrear celulares y retener datos telefónicos. Ante esto, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, trató de explicar que no buscaban faltarle al respeto. Pero Ríos González lo interrumpió para sostener su postura: “No, perdón, sí fue así”. Aguilar insistió en que debía aplicarse el criterio mayoritario para lograr una sentencia clara.
“No, no, señor ministro, sí hay una posición que se impone de que se haga un método interpretativo en determinado sentido, y no es la primera vez que se hace valer ese argumento en contra de mis posiciones. Yo lo que estoy pidiendo es un respeto y, si no me lo dan, lo acepto, porque la mayoría lo decide”, respondió Ríos González.
Mencionando por último:
“Estoy dando también mi punto de vista, no lo hacemos faltando al respeto”.
SCJN avala rastrear celulares y retener datos telefónicos
En el fondo del asunto, el proyecto de la ministra negó el amparo promovido por la ciudadana Beatriz Ángel. De esta forma, descartando sus argumentos de que estas medidas violan la privacidad o las libertades de expresión y asociación. La resolución indica que estas herramientas buscan proteger la seguridad pública y cuentan con límites legales y controles constitucionales.
De igual modo, la Corte puntualizó que ubicar un dispositivo en tiempo real no es lo mismo que intervenir comunicaciones privadas, ya que solo muestra la localización aproximada del teléfono, sin dar acceso al contenido de las llamadas o mensajes.
Las diferencias arrancaron cuando Ríos González descartó la sugerencia de Sara Irene Herrerías Guerra para incluir un test de proporcionalidad y quitar los argumentos relacionados con el bloqueo de señales. A esta crítica se unió el ministro Irving Espinosa Betanzos. El cual advirtió que el artículo 183 no detalla los límites ni las excepciones para aplicar estas medidas. Aun cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) ya contempla controles judiciales.
“Estamos ante una doble regulación que genera inseguridad jurídica”, señaló, aunque aclaró que votaría a favor del bloqueo de señales de telecomunicaciones.
SCJN avala rastrear celulares y retener datos telefónicos. Asimismo, la incomodidad de la ponente aumentó. Cuando la mayoría —integrada también por Hugo Aguilar Ortiz, Arístides Guerrero García y Yasmín Esquivel Mossa— solicitó modificar el documento para dejar claro que la geolocalización, el resguardo y la entrega de información. Deben regirse por el artículo 303 del CNPP. Dicho artículo pide autorización judicial previa como norma general y solo permite actuar sin ella en casos excepcionales, bajo revisión de un juez en un plazo de 48 horas.
“Claro que se puede hacer una argumentación más prolija y a la mejor más congruente con las doctrinas jurídicas que están de moda en México, pero no necesariamente obliga, entonces por eso yo insisto en no usarlas”, respondió Ríos González.























