Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encuentran divididos respecto al procedimiento de responsabilidades administrativas que la Contraloría Interna del INE mantiene contra varios consejeros por haber detenido la consulta de revocación de mandato en 2021.
Por su parte, el magistrado Felipe Fuentes propuso desechar el recurso presentado por la consejera Claudia Zavala. Al considerar que “escapa” a la competencia de la Sala Superior conocer de esta investigación, ya que no se trata de un tema estrictamente electoral.
Aunque, según Fuentes, reconoce que los consejeros son “autónomos” en sus decisiones y que no deberían ser juzgados por el sentido de sus votos.
“El régimen de responsabilidades administrativas no debe implementarse en detrimento de la autonomía, independencia ni libre ejercicio de las funciones constitucionales del Instituto y de sus integrantes”, argumenta Fuentes en su propuesta, en la que sugiere que los consejeros se defiendan ante la autoridad administrativa.
Sin embargo, algunos magistrados sostienen que el TEPJF sí tiene competencia para pronunciarse sobre el caso, ya que el procedimiento se originó a partir de un acuerdo en materia electoral emitido por el Consejo General.
TEPJF aplaza decisión sobre revocación de mandato
Ante la falta de consenso, la Sala Superior decidió posponer la discusión, que estaba enlistada para la sesión del día martes. Con el fin de revalorar el tema y definir si se mantiene la propuesta de Fuentes o se plantea una modificación.
El 17 de septiembre pasado, el Órgano Interno de Control (OIC) del INE dio trámite a una denuncia presentada por Morena. Contra seis consejeros que en 2021 detuvieron por unos días la consulta de revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. La cual finalmente se realizó en abril de 2022.
El procedimiento, señalado como “por faltas graves”, incluye a los consejeros en funciones Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera. Además de los exconsejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz.
Zavala recurrió a la Sala Superior para frenar la investigación. Con ello, argumentando que el proceso vulnera su derecho al impedirle ejercer plenamente su función electoral.
En su propuesta, Fuentes coincide con el OIC, que considera que el Tribunal es incompetente para resolver un caso basado en responsabilidades administrativas y no en materia electoral.
