ONU pide reconocer justicia indígena para fortalecer democracia. En América Latina y el Caribe, la gran mayoría de la población habita en países con sistemas democráticos: cuatro de cada cinco personas, para ser exactos. A pesar de ello, tener leyes que reconozcan los derechos en el papel no siempre garantiza que la justicia llegue a la vida diaria de todos, sobre todo cuando se trata de pueblos indígenas y afromexicanos.
Así lo advirtió Silvia Morimoto, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México. Al señalar que factores como las distancias geográficas, la falta de intérpretes, la discriminación y las limitaciones de las propias instituciones. Continúan abriendo muchas brechas en la región. Por esta razón, destacó la urgencia de atender estos rezagos para que la justicia sirva como una herramienta real de dignidad y desarrollo humano.
Para revertir este panorama, la representante del PNUD subrayó que el camino pasa por dejar atrás prejuicios y dejar de considerar a la justicia comunitaria como un mecanismo menor o secundario:
“Son gestiones con legitimidad histórica y social vinculadas a los derechos de los pueblos indígenas y la libre determinación, y fundamentales para la cohesión de sus comunidades”, puntualizó.
ONU pide reconocer justicia indígena para fortalecer democracia. Al participar en el encuentro Respuestas internacionales para el acceso a la justicia de comunidades indígenas. Organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Morimoto insistió en que respaldar estas prácticas tradicionales no resta fuerza a la legalidad del país. Sino que la vuelve más representativa y cercana a la gente:
“Las experiencias internacionales nos muestran que el pluralismo jurídico puede ser una fortaleza. Cuando existen mecanismos de coordinación, diálogo y respeto entre la justicia estatal y la justicia indígena, podemos fortalecer la cohesión social y la democracia”, subrayó.
ONU pide reconocer justicia indígena para fortalecer democracia
Por su parte, el magistrado presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz García. Coincidió en que garantizar el acceso a la justicia va más allá de abrir las puertas de un juzgado. En la práctica, implica encontrarse con instituciones preparadas. Para entender el contexto territorial, el idioma, las costumbres y las formas propias en que cada comunidad resuelve sus conflictos:
“La interculturalidad es también una forma que nos permita diseñar la justicia e implica reconocer que las barreras no afectan por igual a todas las personas”, mencionó.
ONU pide reconocer justicia indígena para fortalecer democracia. Ante este reto, Bátiz García convocó a jueces y magistrados a recordar que la democracia se experimenta de forma distinta en cada rincón del país. Y que las decisiones legales deben considerar el tejido social de cada comunidad:
“También una elección puede trastocar equilibrios comunitarios, formas tradicionales de autoridad, asambleas, participación de mujeres, derechos colectivos, pertinencia, identidad y la memoria misma de ese espacio. Ahí, la justicia electoral debe actuar siempre con firmeza constitucional y sobre todo con sensibilidad intercultural”, finalizó.
