La Barra Mexicana de Abogados (BMA) manifestó su “profunda preocupación” por la consulta iniciada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual busca determinar si pueden revisarse sentencias emitidas por la anterior integración del tribunal.
“La BMA expresa su profunda preocupación por la posible afectación al principio de cosa juzgada, tras la apertura de un proceso de consulta entre los nuevos integrantes del pleno de la SCJN convocado por su Presidente para analizar la revisión de fallos de las Salas de ese tribunal, desaparecidas con la reciente reforma judicial”, indicó el colegio de abogados en un comunicado.
Asimismo, el organismo advirtió que cualquier intento de revisar o desconocer resoluciones firmes fuera de los cauces legales podría vulnerar principios fundamentales del sistema jurídico.
“Cualquier intento de revisar o desconocer sentencias que han adquirido firmeza, al margen de los cauces procesales expresamente previstos en la ley, vulneraría gravemente los principios de legalidad, división de poderes, seguridad jurídica y debido proceso. Ello podría generar una situación de incertidumbre generalizada respecto de los efectos de las resoluciones judiciales, afectando tanto a particulares como a las instituciones del Estado”, agregó la BMA, por conducto de su Presidenta, Ana María Kudisch.
De acuerdo con una publicación de Grupo REFORMA, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar. Abrió un expediente de consulta para que el pleno determine si es posible revisar las sentencias que dictaron las Salas en amparos directos atraídos.
“Se consulta al Tribunal Pleno sobre si puede proceder o no el recurso de revisión en contra de sentencias dictadas por las entonces Salas de la Suprema Corte, al resolver un amparo directo en ejercicio de su facultad de atracción”, acordó Aguilar el 10 de octubre.
Alertan a la SCJN por sentencias de la anterior integración del tribunal
El tema fue turnado a la ministra Lenia Batres, quien deberá elaborar un proyecto. La consulta se originó luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) y Rosa María Romero Urbán intentaron impugnar la absolución de Juana Hilda González, presunta integrante del grupo que secuestró y asesinó a Hugo Alberto Wallace en 2005.
La Primera Sala de la Corte había ordenado el pasado 11 de junio la liberación de González. Al resolver un amparo directo contra su condena de 78 años de prisión, caso que normalmente habría correspondido a un tribunal colegiado.
“El principio de cosa juzgada constituye uno de los pilares fundamentales de la seguridad jurídica y de la función jurisdiccional del Estado. La certeza de que las controversias decididas por los tribunales de manera definitiva no pueden ser modificadas o reabiertas, es indispensable para garantizar la estabilidad del orden jurídico, la confianza en las instituciones de justicia y la paz social”, sostuvo ayer la BMA.
Finalmente, el organismo hizo un llamado firme al máximo tribunal del país:
“La BMA hace un respetuoso pero enérgico llamado a la Corte a preservar con firmeza el principio de cosa juzgada, piedra angular del sistema de justicia mexicano y garantía esencial para todos los ciudadanos”, concluyó.
