La Cámara de Diputados sacudió el panorama legal ambiental al aprobar una reforma que eleva las penas para quienes dañen ecosistemas o burlen medidas de protección. Fue una votación unánime, con 460 votos que dejaron claro el consenso: es momento de cerrar la puerta a la impunidad ambiental.
La reforma, que modifica el Código Penal Federal, sube la sanción para quienes rompan sellos colocados por la autoridad. Ahora, en lugar de seis meses a dos años de prisión, la pena será de dos a siete años. Además, si después de violar los sellos la persona continúa con la actividad que generó la sanción, el castigo aumentará hasta una tercera parte.
El Pleno también avaló una reserva impulsada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Respaldada por cinco de las seis bancadas, con excepción de Movimiento Ciudadano. Con esto, las consecuencias para quienes desmonten, talen o destruyan vegetación natural serán más severas: entre uno y nueve años de prisión y multas de mil a cinco mil días. Para quienes corten, derriben o talen árboles, la pena sube a dos a 10 años, y si se afecta una Área Natural Protegida, la sanción puede alcanzar hasta 20 años y 10 mil días de multa.
Cuando estos delitos se cometan con armas de fuego o mediante violencia. La pena aumentará hasta 15 años de prisión y ocho mil días de multa. Además, se duplican las sanciones para quienes transporten, almacenen o comercialicen productos maderables provenientes de Áreas Naturales Protegidas, siempre que el volumen no exceda dos metros cúbicos. En estos casos, la condena podría llegar a 24 años de cárcel.
Cámara de Diputados endurecen penas por daño ambiental
Otro punto central es el combate a las peleas de perros. Las reformas aumentan de uno a 10 años de prisión y de 458 a 4 mil 585 días de multa para quienes críen, entrenen, posean, compren, vendan o trasladen perros destinados a espectáculos o peleas. También para quienes organicen, promuevan o permitan este tipo de actos, así como para quienes expongan a menores a estas escenas.
La reforma también tipifica como delito generar, usar o difundir información falsa ante autoridades ambientales para obtener registros, constancias o certificados. Ese engaño tendrá una consecuencia de entre uno y cuatro años de prisión. El texto aclara que estas sanciones aplican tanto a personas físicas como jurídicas y a sus administradores.
Ve oposición proceso, pero instituciones debilitadas
En el debate surgieron posturas críticas. La diputada panista Diana Estefanía Gutiérrez reconoció el avance, pero dejó claro que no es suficiente si el Estado no invierte en vigilancia ambiental:
“Hoy aprobamos sanciones fuertes, sanciones que fortalecen nuestra legislación, pero las instituciones encargadas de aplicarlas siguen debilitadas. Vemos a la Profepa con menos inspectores, a la Conanp sin guardaparques suficientes, a la Conafor enfrentando incendios sin recursos y la Semarnat recortada año tras año. Así, ¿cómo esperan que se cumpla la ley?”
Afirmó que reforzar la ley no basta sin recursos humanos, técnicos y financieros que permitan vigilar, sancionar y actuar efectivamente.
Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, coincidió en que el avance es real, pero insuficiente frente a la crisis ambiental del país. Fue directa:
“Es un avance, pero es un avance pequeño para un problema enorme, porque aumentar penas no frena la deforestación, aumentar penas no detiene el tráfico de especies, aumentar penas no reforesta a una montaña ni limpia un río ni recupera un ecosistema quemado”
Recordó que más de 900 mil hectáreas se incendiaron recientemente en México, según la Conafor, y que el 90 por ciento de esos incidentes se provocan para cambiar el uso de suelo o impulsar actividades ilegales. Su cuestionamiento fue contundente:
“México está perdiendo sus bosques más rápido de lo que los está protegiendo y mientras tanto, ¿qué hace el Estado? ¿Dónde están las estrategias de prevención? ¿Dónde está el fortalecimiento real de la Profepa y Conafor? ¿Dónde están los presupuestos que hemos exigido para vigilancia, monitoreo, restauración y combate a delitos ambientales? El presupuesto ambiental en México sigue siendo uno de los más bajos de América Latina y eso también es una forma de violencia ambiental”
Con esto, la discusión dejó ver que, aunque la reforma endurece castigos, la protección ambiental sigue exigiendo recursos, vigilancia real y una estrategia que vaya más allá del papel.
