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La vigilancia de la transparencia en los partidos políticos está prácticamente detenida en el Instituto Nacional Electoral (INE) desde hace más de tres meses. La falta de personal, recursos técnicos y presupuesto, además de la llegada de directivos sin experiencia en el área, ha frenado por completo la atención de solicitudes ciudadanas.
En los últimos dos meses, unas 80 personas han impugnado la falta de respuesta o la opacidad de los partidos nacionales, pero estos casos no han podido avanzar.
El consejero Arturo Castillo reconoció que el problema ya rebasó a la institución:
“Lo que yo estoy viendo es que la Unidad de Transparencia (del INE) está rebasada. No están sacando el trabajo como lo deberían de sacar”.
A este escenario se suma la confusa legislación en materia de transparencia que surgió tras la desaparición del INAI, lo que dejó en el aire quién debe vigilar a los partidos locales y a las agrupaciones políticas. Esta indefinición ha sido aprovechada por Congresos estatales, que han interpretado la ley desde distintas perspectivas: algunos asignaron la responsabilidad a los institutos electorales locales, mientras que otros —sin facultades— se la adjudicaron al INE.
En todo el país operan seis partidos nacionales y alrededor de 40 institutos políticos adicionales. De acuerdo con Castillo, siete entidades ya reformaron su legislación para dejar esa tarea a sus institutos locales. Otros 12 estados no modificaron su marco normativo, pero la ley también asigna esa responsabilidad a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).
Tiene INE retrasos en vigilancia de transparencia a partidos políticos
En seis entidades hubo reformas, pero no abordaron el tema, por lo que el problema continúa. En cuatro estados más se determinó que esa función corresponde al INE, criterio al que pronto podría sumarse Oaxaca.
“La reforma en materia de transparencia es muy poco clara, porque solamente refiere partidos políticos, no distingue entre nacionales y locales. Entonces hay interpretaciones encontradas. Para mí, que el INE se haga cargo (de que los partidos locales cumplan) es inconstitucional, porque las legislaturas locales no tienen competencia para regularlos a nosotros”, afirmó en entrevista.
Este viernes, los consejeros deberán decidir si el INE asumirá o no esa responsabilidad. Si hay inconformidades, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría intervenir para resolver el vacío legal.
Castillo advirtió que tomar esta facultad implicaría un mayor presupuesto para contratar personal y adquirir equipo. Mientras tanto, a nivel nacional los trabajos siguen detenidos. La Unidad de Transparencia, encabezada por José Luis Arévalo Romo, argumenta que la Secretaría Anticorrupción enfrenta un problema técnico con la Plataforma Nacional de Transparencia.
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A ello se suma que el organismo descentralizado Transparencia para el Pueblo aún no entrega los expedientes físicos. Aunque la Secretaría ya envió los archivos digitales.
El consejero también criticó que la Secretaría Ejecutiva moviera a 23 personas de la Unidad de Transparencia al Órgano Interno de Control, dejando debilitada el área encargada de esta labor.
“La Unidad quedó muy debilitada, y nos hemos encontrado con una serie de problemáticas que a mí me parecen delicadas. Está rebasada, necesita más capacidad, mayor organización y de preferencia funcionarios que sepan”.
