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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó, por cuarta vez, revivir el fondo mínimo para la reparación del daño y atención a víctimas, el cual había sido eliminado en 2020 por el Congreso. Cuatro ministros, encabezados por Lenia Batres, impidieron que se declarara inconstitucional esta reforma, la cual preveía que parte de los recursos para las víctimas provinieran de la enajenación de bienes decomisados.
“Desde el momento en que está en el presupuesto que se está cumpliendo (el apoyo a víctimas) y que no hay víctimas quejándose de la falta del cumplimiento de esta reparación de daños, yo creo que deberíamos ser respetuosos y dejar esta ley en el texto que determinó el Congreso de la Unión”, expresó Batres durante la sesión.
El artículo 132 de la Ley General de Víctimas, que establecía un fondo mínimo del 0.014 por ciento del presupuesto de egresos para la atención a víctimas. En marzo de 2024, la Primera Sala de la Corte, ya desaparecida, declaró inconstitucional el artículo. En esa ocasión, los ministros señalaron que la eliminación del fondo era regresiva y que el Gobierno no había justificado adecuadamente su desaparición. Así citando la necesidad de recursos para la pandemia y la presunta corrupción en los fideicomisos.
El nuevo análisis de la Corte, bajo la ponencia del Ministro Giovanni Figueroa, estuvo marcado por la división de opiniones; mientras que algunos ministros defendían que no se habían presentado quejas por parte de las víctimas y que la reforma no implicaba revivir los fideicomisos, otros insistían en que los recursos destinados a las víctimas deberían ser garantizados, sin depender de la enajenación de bienes decomisados.
SCJN rechaza revivir fondo para víctimas en México
Por su parte, el Presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y otros ministros, como Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. A su vez, reconocieron que la reforma no garantizaba un mínimo para la atención a las víctimas. Además, señalaron que el presupuesto destinado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) había disminuido considerablemente desde la eliminación del fondo.
El Centro Pro, —que impulsó el restablecimiento del fondo—, subrayó que el presupuesto de la CEAV había caído un 29 por ciento desde la reforma. En 2025, se prevé una asignación de solo 658 millones de pesos para ayudas sociales, cuando deberían haberse destinado 909 millones.
En medio de las diferencias. Algunos ministros propusieron que, aunque la reforma no reviviera el fideicomiso, se garantizaran los recursos para la atención a las víctimas mediante otras figuras jurídicas. Sin embargo, la postura mayoritaria terminpo en mantener la reforma tal como se aprobó en 2020. Al considerar que el presupuesto actual es suficiente para cumplir con las necesidades de las víctimas.
“Yo pregunto a los ministros y ministras; ¿si la enajenación de bienes decomisados no es suficiente, ya no le cumplimos a las víctimas?”, cuestionó la ministra Yasmín Esquivel.
Ya para concluir, Loretta Ortiz, quien había formado parte de la Primera Sala. Insistió en que los recursos para las víctimas no deben ser objeto de recorte ni eliminación.
“Se trata de un grupo que, por definición constitucional y convencional, se encuentra en una situación grave de vulnerabilidad”, concluyó.
