INE plantea vigilancia en 40 inmuebles de todo México. La Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) del Instituto Nacional Electoral considera necesario elevar el nivel de seguridad del organismo para equipararlo con otras instituciones federales como la Presidencia de la República.
Al igual que la Fiscalía General de la República y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con el fin de justificar la instalación de videocámaras, torniquetes y otros dispositivos de control.
De acuerdo con el área administrativa del INE, las condiciones de seguridad anteriores resultaron insuficientes.
“han llevado a que la historia reciente del Instituto muestre un patrón documentado de un mayor número de amenazas y agresiones – heterogéneas en motivación y modus operandi- que confirman la necesidad de fortalecer las capacidades de seguridad de la institución”.
En el documento también se reconoce que los controles peatonales y vehiculares permitían el ingreso de personas no autorizadas. Las cuales podían desplazarse libremente por los inmuebles del Instituto.
“Una vez que ingresan los visitantes y proveedores a las sedes del INE ha sido muy complejo el seguimiento de estos, por lo que se reciben quejas constantes de empleados y funcionarios que sus actividades se han visto interrumpidas por personas no autorizadas en sus áreas, puesto que una vez dentro del inmueble tienen la facilidad de transitar por todas las instalaciones”, se lee.
La DEA advierte además que, durante concentraciones masivas —como el registro de candidaturas—, el personal interno termina asumiendo la responsabilidad de controlar a miles de personas.
Actualmente, el INE cuenta con 209 cámaras de videovigilancia; sin embargo, se desconoce cuántos nuevos dispositivos se instalarán. Al igual que cuál será el costo total del proyecto.
Como se informó desde la semana pasada, el Comité de Transparencia del Instituto resolvió reservar toda la información relacionada con el contrato. Bajo el argumento de que el organismo tiene responsabilidades clasificadas como de seguridad nacional.
El texto no da respuesta a lo difundido el viernes pasado sobre la posibilidad de considerar la sala de prensa como área común. Por lo tanto, colocar cámaras incluso sobre las computadoras que utilizan reporteros de distintos medios que acuden de manera cotidiana al INE.
INE ajusta seguridad y amplía vigilancia tras fallas en inmuebles
El documento, que será desglosado este día en la mesa semanal de consejerías, detalla que el plan se aplicará en 40 inmuebles del Instituto e incluye el fortalecimiento del centro de monitoreo. Con el objetivo de ampliar su capacidad de almacenamiento de imágenes captadas por las videocámaras.
Según el reporte de los funcionarios administrativos, esto es necesario porque el centro “funcionaba principalmente como un testigo posterior de eventos, y no como un instrumento preventivo, disuasivo o de apoyo activo a la toma de decisiones”.
La DEA sostiene que el objetivo del plan es salvaguardar la integridad y seguridad tanto del personal como de los visitantes, y llevar al INE a un esquema de protección integral similar al de otras instancias públicas relevantes. Entre ellas “distintas secretarías de Estado y las sedes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores”.
La denominada “solución integral de seguridad y gestión operativa para un centro de monitoreo y seguridad” contempla videovigilancia, control de accesos peatonales y vehiculares, sensorización ambiental. Como detección de humo o sobrecalentamiento y gestión de incidentes.
Las oficinas incluidas en el proyecto se localizan en Tlalpan, Tláhuac, Corporativo Corum, Corporativo Zafiro, Insurgentes, Corporativo Quantum, Moneda y el Centro de Cómputo y Resguardo Documental. Además de las 32 juntas locales ejecutivas.
Autoridades administrativas explican cambios tras detectar fallas operativas
En la justificación se señala que el INE contaba con cámaras de tecnología limitada, sin posibilidad de “habilitar algún tipo de registro biométrico” ni de ofrecer un monitoreo a detalle. En oficinas centrales operaban 97 equipos, mientras que varias sedes estatales y algunas ubicadas en la Ciudad de México no tenían sistema de videovigilancia.
Asimismo, el centro de monitoreo —ubicado en el inmueble donde despachan los consejeros nacionales— operaba con siete pantallas y siete servidores independientes. Además de equipos que no eran aptos para una operación permanente.
Finalmente, la DEA aseguró que “no se contempla la instalación de videocámaras al interior de ninguna oficina” de consejeros o representaciones partidistas. Garantizó que no se grabarán audios y que se protegerá la privacidad de las personas.
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