Organizaciones que acompañan a víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez calificaron como “preocupante” el nombramiento de Francisco Garduño como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
En un posicionamiento, los colectivos epresentados por Fundación para la Justicia —recordaron— que Garduño continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, por su actuación como titular del Instituto Nacional de Migración (INM) durante el incendio de marzo de 2023, que dejó decenas de personas migrantes muertas.
Las organizaciones señalaron que, mientras el proceso judicial sigue abierto. Su incorporación a un cargo federal envía un mensaje de falta de compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la rendición de cuentas.
De igual forma, advirtieron que el nuevo encargo no está respaldado por una trayectoria o experiencia. La cual sea acreditable en lo que refiere al ámbito educativo. Lo que a su juicio refuerza la percepción de que el nombramiento responde a criterios políticos y no a principios de idoneidad profesional.
Por ello, —alertaron— que este tipo de decisiones debilita la confianza ciudadana en las instituciones públicas y en los procesos de responsabilidad administrativa y penal.
Nombramiento de Francisco Garduño en la SEP genera rechazo
Para las víctimas y sus familias, —indicaron—, la designación representa un agravio adicional. Esto, al interpretarse como un reconocimiento inmerecido a un funcionario que aún enfrenta señalamientos legales por hechos graves. Ya que el acceso a cargos públicos no puede sustituir la justicia ni cerrar de manera anticipada procesos que siguen en curso.
Por último, las organizaciones reiteraron su exigencia al gobierno federal de que las autoridades garanticen el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Ciudad Juárez, el 27 de marzo de 2023. Así como el acceso efectivo a la justicia para las víctimas.
Asimismo, llamaron a que los nombramientos en el servicio público se apeguen —realmente— a criterios de legalidad, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.
