Un reciente análisis de Integralia Consultores sobre la iniciativa de reforma electoral advierte sobre un panorama preocupante. Aunque la propuesta parece tener menor alcance que intentos previos, el estudio identifica elementos que podrían implicar una regresión democrática y generar mayor desigualdad en la competencia política.
El pasado 4 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. El documento propone cambios en la integración del Congreso de la Unión, particularmente en la forma de asignar diputaciones de representación proporcional y en la reducción del número de integrantes del Senado.
En la Cámara de Diputados se mantiene la composición actual de 500 legisladores:
- 300 electos por mayoría relativa en distritos uninominales.
- 200 asignados por representación proporcional.
Sin embargo, la reforma modifica la forma en que se distribuirían estas últimas 200 curules. La propuesta elimina el modelo tradicional de listas cerradas registradas previamente por los partidos políticos. En su lugar, plantea un sistema dividido en dos bloques de cien diputaciones cada uno.
El primer bloque estaría integrado por las y los candidatos que, aun sin ganar su distrito, obtuvieron los mayores porcentajes de votación para su partido.
El segundo bloque contempla 100 diputaciones que se elegirían mediante votación directa en cinco circunscripciones regionales. Este punto no había sido desarrollado con detalle anteriormente y forma parte del rediseño del sistema plurinominal en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el texto de la iniciativa, estas 100 curules no surgirán de una lista nacional previamente registrada por los partidos, sino del porcentaje de votación individual que obtengan las candidaturas en cada circunscripción. En este bloque también se integrarían las candidaturas de personas mexicanas residentes en el extranjero.
Integralia alerta riesgos de inequidad en reforma electoral
La asignación se realizaría con base en el respaldo obtenido en las urnas dentro de cada región. Posteriormente, los espacios se distribuirían conforme al número total de diputaciones de representación proporcional que le correspondan a cada partido según su votación nacional. La integración de estas curules no se realizaría de manera aislada.
La reforma establece que el proceso será alternado con el primer bloque de 100 diputaciones. Una vez determinado cuántas diputaciones corresponden a cada fuerza política, la autoridad electoral construiría la lista final intercalando ambos criterios: primero una candidatura del bloque de mejores porcentajes distritales y después una del bloque de votación por circunscripción, y así sucesivamente hasta completar la asignación.
El modelo no contempla una boleta adicional. La ciudadanía seguiría votando en la elección federal ordinaria y el número de espacios por partido se definiría conforme al principio de representación proporcional.
La principal diferencia es que la integración de las listas dejaría de depender de un orden fijo establecido por las dirigencias partidistas antes de la elección y se construiría con base en los porcentajes reales obtenidos por cada candidatura.
El nuevo sistema para repartir las 200 diputaciones de representación proporcional intensificará la competencia entre candidaturas de un mismo partido. Al eliminarse las listas definidas por las dirigencias partidistas, las y los aspirantes tendrían que lograr un mayor respaldo en las urnas.
Exconsejeros y especialistas electorales señalaron que este cambio podría obligar a los partidos a mejorar su desempeño electoral.
También coincidieron en que eliminar la representación proporcional en el Senado sí implicaría una pérdida de espacios para las fuerzas políticas minoritarias. En contraste, en la Cámara de Diputados, al mantenerse la misma fórmula de asignación general, la distribución de fuerzas políticas podría resultar similar si se repite la tendencia de votación observada en la elección pasada.
Una reforma “diluida pero regresiva”
El análisis de Integralia describe la propuesta como una reforma diluida. Aunque no plantea cambios tan radicales como los llamados planes “A” y “B” impulsados en 2022, advierte que el conjunto de modificaciones podría generar un alto riesgo de inequidad que favorecería al partido en el poder.
Entre los puntos que el documento identifica como preocupantes destacan:
Se plantea reducir el financiamiento público y el tiempo en radio y televisión para los partidos. En un contexto de hegemonía de Morena; esto podría limitar la capacidad de la oposición para competir en igualdad de condiciones.
La reforma permitiría que tanto partidos como gobiernos promuevan consultas populares y procesos de revocación de mandato, eliminando restricciones que anteriormente buscaban garantizar imparcialidad.
La iniciativa es general y deja numerosos detalles para las leyes secundarias, lo que genera incertidumbre sobre su aplicación.
El análisis también alerta que mantener la elección judicial en la misma fecha que otras elecciones federales representaría un riesgo operativo para el INE y podría provocar saturación informativa para el electorado.
Omisiones y plazos acelerados
El documento señala además varias omisiones relevantes. Entre ellas, la ausencia de medidas para frenar la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales y la falta de regulación sobre la sobrerrepresentación en el Congreso.
Otro punto señalado es el calendario legislativo. Los plazos establecidos obligarían a que la reforma se apruebe en un proceso acelerado antes de mayo de 2026. Lo que podría reducir las posibilidades de una negociación parlamentaria amplia entre todas las fuerzas políticas.
