La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la desaparición de 109 fideicomisos y fondos públicos, una medida impulsada durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la sesión, el pleno respaldó el proyecto del ministro Arístides Guerrero García. El cual concluyó que los argumentos presentados por senadores de oposición no eran suficientes para invalidar el proceso legislativo. Según expuso, en la discusión y aprobación de la reforma “no se actualizó ninguna irregularidad con potencial invalidante”.
De igual modo, el ministro explicó que la eliminación de estos fideicomisos no implica, por sí misma, una violación a derechos fundamentales. Ya que las obligaciones del Estado se mantienen. También subrayó que la desaparición de estos mecanismos no ocurrió de forma absoluta. Pues se contemplaron normas sustitutas para seguir destinando recursos a los fines que antes cubrían esos fondos.
“Los fondos y fideicomisos modificados o eliminados eran mecanismos auxiliares del Poder Ejecutivo para distribuir el gasto público y no garantías esenciales de derechos. Su desaparición o modificación no elimina las obligaciones estatales, modifica las vías para cumplirlas, sustituyéndolas por mecanismos presupuestarios directos u otros mecanismos. Asimismo, el análisis descarta afectaciones a derechos fundamentales, pues diversas leyes reformadas prevén que las dependencias correspondientes deben seguir financiando las mismas finalidades con cargo a sus respectivos presupuestos”.
SCJN valida eliminación de fideicomisos y fondos públicos
En su intervención, Guerrero García también señaló que este expediente permaneció sin resolverse durante varios años en la anterior integración de la Corte.
“El cierre de instrucción de esta acción de inconstitucionalidad se genera desde el año 2021 y que el pleno de la Corte anterior simplemente dejó rezagado este expediente y no se resolvió con transparencia en su momento”.
Además, el ministro sostuvo que, si el Estado presta los servicios públicos o entrega los apoyos que antes se canalizaban a través de fideicomisos, será también responsable si esos recursos o beneficios no llegan a los particulares. En ese caso, dijo, las personas podrán exigir su cumplimiento mediante los mecanismos legales correspondientes.
