El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional que abre la puerta a la creación de la primera Ley General contra el Feminicidio en México. Con 109 votos a favor, el pleno avaló que el Congreso de la Unión tenga la facultad para legislar en esta materia a nivel nacional.
Durante la discusión en tribuna, legisladoras y legisladores coincidieron en la urgencia de frenar este delito. Señalaron que no basta con castigar, sino que también es necesario atender las consecuencias que deja, como el caso de niñas y niños que quedan en situación de orfandad, además de reforzar las acciones de prevención.
El siguiente paso será en la Cámara de Diputados, donde la reforma deberá terminar analizada y, en su caso, aprobada. Posteriormente, será enviada a los Congresos estatales. Si al menos 17 la respaldan, el Congreso de la Unión podrá avanzar en la elaboración de esta nueva legislación.
Senado impulsa Ley contra el Feminicidio
Según la exposición de motivos de la iniciativa presidencial, la futura ley busca establecer las “bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país, razón por la que se necesita dotar al Congreso de la Unión de facultades constitucionales que le permitan la generación de legislación general”.
Además, se prevé que incluya:
“Un tipo penal homogéneo, sanciones y agravantes; homologar estándares de investigación con perspectiva de género; fortalecer la coordinación entre Federación y entidades federativas; garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y la reparación de daños, y fortalecer la coordinación de Instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia”.
El proyecto también pone atención en las víctimas indirectas, en particular menores de edad que pierden a sus madres. La legislación general incluirá la protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio. Esta población enfrenta afectaciones emocionales, sociales y económicas que comprometen el ejercicio pleno de sus derechos.
“Por ello, el Estado tiene un deber reforzado de protección, que implica garantizar: atención integral; acceso a servicios de salud física y mental; acompañamiento psicológico; acceso a educación, y mecanismos de reparación integral del daño”, detalla.
