El paquete fiscal para 2027 avanzó en el Senado y quedó pendiente de votación en el Pleno, prevista para el próximo martes. Durante la discusión, legisladores de oposición cuestionaron el nivel de endeudamiento y el costo financiero que representaría para el país.
Las críticas se concentraron en el techo de deuda por 1.7 billones de pesos. Según la oposición, 1.6 billones se utilizarían para cubrir los intereses de compromisos financieros anteriores. Morena respondió que aprobar ese límite no obliga al gobierno a disponer de todos los recursos autorizados.
El Senado perfila aprobar el Paquete Fiscal 2027 mientras crecen las críticas por endeudamiento
Las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos Primera avalaron los dictámenes sin modificar las minutas recibidas de la Cámara de Diputados. La votación sobre el Paquete Fiscal 2027 terminó con 18 sufragios a favor y 11 en contra, correspondientes al PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC). Los documentos incluyen la Ley de Ingresos y modificaciones a las leyes Federal de Derechos y del Impuesto sobre la Renta.
Manuel Huerta, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, defendió el contenido de las propuestas. Argumentó que las medidas buscan mejorar la recaudación, combatir la evasión y mantener la estabilidad económica. También sostuvo que el paquete permitirá financiar las obligaciones sociales del Estado y respaldar la inversión productiva.
Por su parte, Miguel Ángel Yunes, presidente de la Comisión de Hacienda, destacó que no se incorporarán nuevos impuestos ni aumentará el Impuesto sobre la Renta (ISR). Entre los cambios en el Paquete Fiscal 2027 mencionó la ampliación del límite de ingresos para las personas morales que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza. El monto pasará de 35 a 50 millones de pesos. En el caso de las personas físicas, el umbral anual aumentará de 3.5 millones a cinco millones de pesos, precisó Yunes.
Oposición advierte sobre los riesgos de la deuda
Ricardo Anaya, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), señaló el endeudamiento como el principal problema del paquete económico. Para respaldar su postura, comparó la deuda acumulada durante dos siglos con la contratada en años recientes.
De acuerdo con el senador, en 200 años se acumularon 10.55 billones de pesos de deuda en el Paquete Fiscal 2027. En contraste, afirmó que durante siete años de gobiernos de Morena se contrataron otros 11.11 billones. Anaya también advirtió que el endeudamiento previsto superaría el billón de pesos destinado a programas sociales. A su juicio, esta proporción refleja la presión financiera que enfrenta el país.
Además, calculó que la deuda rebasará el 55 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Advirtió que alcanzar el 60 por ciento podría poner en riesgo la calificación de inversión de México. Según su planteamiento, ese escenario propiciaría una salida de capitales, mayores tasas de interés e inflación.
“Vamos a ver crisis económica”.
Manuel Huerta rechazó que la autorización del techo de endeudamiento implique utilizar necesariamente la cantidad completa en el Paquete Fiscal 2027. El senador de Morena pidió analizar otros factores antes de determinar sus posibles efectos.
Entre ellos mencionó el costo financiero, las condiciones de contratación y los riesgos de refinanciamiento. También consideró necesario relacionar la deuda con las necesidades de inversión y operación del Estado.
Desde Movimiento Ciudadano, su coordinador, Clemente Castañeda, criticó la falta de una reforma fiscal progresiva en el Paquete Fiscal 2027. Señaló que la recaudación recae principalmente en trabajadores con menor capacidad adquisitiva, en lugar de concentrarse en los sectores con mayores recursos económicos.
Carolina Viggiano, legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también cuestionó el planteamiento financiero. En su valoración, las medidas afectan a quienes cumplen sus obligaciones, favorecen a quienes mantienen adeudos y aumentan la deuda para cubrir intereses.
Morena defiende el cobro a visitantes extranjeros
Otro punto de la discusión fue la Ley Federal de Derechos, que contempla una cuota de mil 158 pesos para visitantes extranjeros sin permiso de trabajo. Yunes defendió la actualización del cobro y explicó que busca financiar los servicios migratorios y fortalecer sus capacidades operativas y tecnológicas.
”La actualización busca que los recursos asociados a ese derecho contribuyan a cubrir los costos operativos y tecnológicos de los servicios migratorios, incluyendo el fortalecimiento de la infraestructura de control fronterizo y seguridad de la información”, explicó Yunes.
