Guadalupe Chavira de la Rosa, senadora de Morena, pidió al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que deje el cargo para que la Fiscalía General de la República avance en la investigación en su contra. Luego de que autoridades de Estados Unidos lo acusaron de narcotráfico.
Mediante una carta dirigida a la opinión pública, la legisladora explicó que una eventual salida del mandatario debe hacerse con apego a la ley.
“También corresponde a los poderes públicos de Sinaloa actuar con responsabilidad constitucional. Una eventual separación del cargo debe procesarse con orden, legalidad y pleno respeto a los mecanismos previstos por el marco jurídico aplicable, evitando cualquier vacío de autoridad y garantizando la continuidad institucional del gobierno estatal”.
Chavira, quien es secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, por igual, recordó además los principios del movimiento al que pertenece. Con ello, señalando que en la Cuarta Transformación no hay margen para evadir los principios básicos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Senadora de Morena exige renuncia a Rubén Rocha. La senadora del —partido guinda— sostuvo que el contexto actual afecta la confianza en las instituciones. Con ello, afirmando que la autoridad encargada de la seguridad pública y la administración estatal no puede mantenerse bajo sospecha sin consecuencias, por lo que consideró necesario que el gobernador y su equipo de trabajo dejen sus cargos.
En ese sentido, reiteró su petición de manera directa:
“Por ello, de manera firme, institucional y responsable, solicito al gobernador Rubén Rocha Moya que presente su renuncia al cargo de gobernador constitucional del Estado de Sinaloa”.
También aclaró que su postura no implica un juicio anticipado:
“Separarse del cargo permitiría que las investigaciones correspondientes avancen sin interferencias reales o aparentes, que las instituciones actúen con plena independencia y que el pueblo de Sinaloa cuente con condiciones mínimas de certeza política e institucional”.
Senadora de Morena exige renuncia a Rubén Rocha
La legisladora subrayó que, ante acusaciones de esta magnitud. No se puede responder con ambigüedad. En su opinión, los señalamientos hechos por autoridades extranjeras deben tomarse con seriedad y no como un tema menor, sin que esto signifique falta de respeto a la soberanía nacional ni a las instituciones mexicanas.
Aun así, insistió en que los integrantes del movimiento tienen la responsabilidad de actuar con integridad. Dijo que es necesario mantener un gobierno capaz de responder con transparencia y autoridad moral ante cuestionamientos que afecten la confianza pública. Senadora de Morena exige renuncia a Rubén Rocha.
Chavira también enfatizó el respeto al debido proceso, mencionando que:
“Debe decirse con toda precisión: toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso. Ninguna autoridad política debe sustituir a los tribunales ni anticipar responsabilidades penales que corresponden exclusivamente a las instancias competentes. Sin embargo, la función pública exige un estándar superior de responsabilidad ética, política e institucional. La permanencia en un cargo de elección popular no puede analizarse únicamente desde la dimensión penal, sino también desde la confianza pública, la gobernabilidad y la obligación de preservar la integridad de las instituciones”.
Sobre el contenido de las acusaciones, a su vez, —indicó— que no son menores. Ya que incluyen presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa; posibles acuerdos de protección política; intervención en procesos electorales. Así como filtración de información y tolerancia a esquemas de violencia y corrupción.
Senadora de Morena exige renuncia a Rubén Rocha. Advirtió que este tipo de señalamientos colocan a la entidad en una situación compleja. La sola existencia de estas acusaciones, dijo, deja a Sinaloa en un escenario institucional delicado.
Ya para concluir, la senadora hizo un atento llamado a las autoridades para garantizar procesos transparentes. Asimismo, aunado a ello, señaló que la FGR, instancias de seguridad, órganos de control y el Poder Legislativo deben asegurar que las investigaciones se realicen sin simulaciones, sin encubrimientos y sin uso político de la justicia.
