Los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC), Luis Armando Melgar Bravo (Luis Armando Melgar Bravo), Clemente Castañeda Hoeflich (Clemente Castañeda Hoeflich) y Luis Donaldo Colosio Riojas (Luis Donaldo Colosio Riojas) presentaron una iniciativa con la que buscan “blindar” los programas sociales y evitar que puedan ser utilizados con fines electorales. Especialmente en el contexto del inicio de movimientos políticos rumbo a distintas candidaturas estatales.
Dicha propuesta surge —ante el destape— de las primeras “corcholatas” del partido de Morena en varias entidades del país. Escenario en el que los legisladores plantean la necesidad de reforzar la neutralidad en el uso de recursos públicos y cerrar la puerta a cualquier intento de condicionamiento del voto a cambio de apoyos sociales.
La reforma planteada a la Ley General de Desarrollo Social, a su vez, busca establecer reglas más claras. Con el fin de garantizar que los programas sociales mantengan todo carácter neutral. —Sin terminar utilizados— como herramientas de propaganda, clientelismo o ventaja política. Por igual, pretende reforzar la protección de los derechos sociales establecidos en la Constitución.
PVEM y MC buscan “blindar” programas sociales en México
Durante la presentación, el senador Melgar —dijo— que los mencionados apoyos no pertenecen a ningún partido político. Mencionó que estos siempre deben entenderse como derechos de toda la ciudadanía.
“Los programas sociales son derechos constitucionales. No son propiedad de Morena ni de ningún otro partido. Lo que buscamos es poner candados y controles para que nunca más se utilicen con fines partidistas o electorales”, señaló.
Bajo el mismo contexto, el senador del partido naranja, Luis Donaldo Colosio Riojas, señaló que la democracia requiere condiciones equitativas y un manejo imparcial de los recursos.
A su vez, la iniciativa igualmente propone incorporar de manera explícita el principio de neutralidad política dentro de la Ley General de Desarrollo Social. Además de establecer mecanismos que servirán para prevenir prácticas de coacción del voto, clientelismo y promoción personalizada en programas públicos.
