Vinculan a proceso a exfuncionarios federales tras auditoría patrimonial. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer que un par de exfuncionarios de nivel federal enfrentarán un proceso legal debido a sospechas de enriquecimiento ilícito. Esta determinación judicial ocurre tras una serie de auditorías a sus finanzas personales. Dichas auditorías arrojaron variaciones financieras sospechosas que superan los 7.2 y 6.5 millones de pesos, respectivamente.
Con respecto al primer expediente, los señalamientos apuntan a Ramón “N”. Esta persona ocupaba una subdirección dentro del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), ubicado en el estado de Baja California.
Los análisis de la autoridad fiscalizadora determinaron que esta persona experimentó una expansión económica injustificada por la cantidad de 7 millones 268 mil 750 pesos durante el periodo que abarca desde el inicio de 2012 hasta finales de abril de 2017.
A raíz de estos hallazgos, la entidad gubernamental acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR). Esto derivó en que un juez de Control asentado en Ensenada dictara el auto de vinculación a proceso por los cargos mencionados.
Por otro lado, el segundo implicado responde al nombre de Armando “N”. Este anteriormente, laboraba como jefe de departamento en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las revisiones a sus declaraciones de bienes revelaron una diferencia a favor no aclarada de 6 millones 500 mil 496 pesos. Estaba acumulada entre los primeros meses de 2010 y mediados de mayo de 2017. Una vez interpuesta la acusación formal, un juzgador de Control de la Ciudad de México validó el inicio del juicio penal. También ordenó que el imputado acuda a firmar de manera regular ante los juzgados como restricción preventiva.
Vinculan a proceso a exfuncionarios federales por desvío millonario
Frente a este escenario, la institución pública aclaró que “las personas vinculadas mantienen su presunción de inocencia conforme a la legislación aplicable”, garantizando que el seguimiento de los litigios respetará los derechos legales de cada uno y la integración de las evidencias pertinentes.
Paralelamente a estas acciones penales, la misma secretaría reportó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) aplicó severos castigos a dos exintegrantes del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec) por incurrir en conductas consideradas faltas administrativas graves.
El primero de los sancionados en este organismo de tecnología es Carlos R. Él tenía a su cargo la gerencia de Consultoría de Negocio. Por lo tanto, ahora deberá cumplir un veto de dos décadas para trabajar en el sector público. También sumado a una multa de 10 millones 909 mil 784 pesos. De igual forma, Hilda M., en su momento directora adjunta de Administración, recibió un bloqueo de funciones por 10 años junto con una penalización financiera idéntica a la de su excompañero.
Para concluir, el reporte oficial detalló que los desvíos del personal de Infotec se debieron a un exceso en sus atribuciones. También a maniobras indebidas en la distribución del presupuesto institucional, acotando además que los involucrados disponen todavía de mecanismos legales para apelar dicha resolución.
