Diputada del PT propone legalizar la eutanasia en México. El debate sobre el final de la vida vuelve a la mesa legislativa. Ya que la diputada federal del PT, Nora Yessica Merino, dio a conocer una propuesta para reformar los artículos 4 y 73 de la Constitución mexicana. Con el objetivo de reconocer el derecho a una muerte digna y dar luz verde a la regulación de la eutanasia en el país.
Dicha iniciativa busca que el Congreso de la Unión tenga la facultad de legislar sobre este tema y emitir una Ley General en Materia de Eutanasia. —De acuerdo con la legisladora petista—, el razonamiento es sencillo: si la Constitución ya garantiza el derecho a una vida digna, el concepto debería de igual modo abarcar también la etapa final.
“Toda persona tiene derecho a una muerte digna, así como al procedimiento de eutanasia, siguiendo lo establecido en la ley”, propuso.
Para respaldar su postura, Merino recurrió a argumentos filosóficos y literarios. Citando a autores como Octavio Paz y Albert Camus, señalando que “negar a la muerte es negar a la vida”. Bajo este enfoque, defendió que el proceso sea visto como un acto de acompañamiento familiar donde se respete la decisión individual.
Diputada del PT propone legalizar la eutanasia en México
A traves de la presentación de la iniciativa, la congresista distinguió entre dos vías: la eutanasia “pasiva” como “evitar molestias, dolor o sufrimiento al paciente, no se ejecuta ninguna acción ni se aplica algún procedimiento o medicamento que termine con la vida del enfermo”; y de eutanasia “activa” como la que “comprende medidas encaminadas a terminar la vida a través de la aplicación de procedimientos o medicamentos que supriman las funciones cardio-respiratoria y encefálica“.
A su vez, respecto al alcance legal y los vacíos sobre este tipo de procedimientos, la diputada dijo que esta práctica:
“No constituye un homicidio, sino la voluntad expresa de quien la solicita con la finalidad de acabar con la vida, por los motivos que exprese, buscando una muerte digna”.
De avanzar esta reforma, el Estado mexicano tendría que diseñar los protocolos necesarios para hacer valer este derecho. Con ello, otorgando certeza jurídica y priorizando la dignidad humana en momentos de salud vulnerables.
